UGT Aragón exigirá a la DGA una política salarial unificada para los funcionarios autonómicos

UGT Servicios Públicos Aragón ha reclamado al autonómico una política retributiva "unificada" para el conjunto de los empleados públicos y ha advertido de que la respuesta fragmentada a los conflictos laborales que se están produciendo en distintos sectores está incrementando el malestar entre las plantillas y deteriorando la calidad de los servicios públicos.

La organización sindical trasladará estas reivindicaciones este jueves al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, durante una reunión en la que solicitará la convocatoria de la Mesa General de Negociación, órgano contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para abordar las cuestiones comunes de todo el personal público.

La petición ha sido presentada este miércoles, 10 de junio, en una rueda de prensa celebrada en el Centro de Formación Arsenio Jimeno de Zaragoza, en la que han participado el secretario general de UGT Servicios Públicos Aragón, Miguel Sarasa, junto a los responsables de los sectores de Administración Autonómica, Enseñanza y Sanidad, Antonio Herrera, Medea Gracia y Vanessa Pellicena, respectivamente.

Durante su intervención, Sarasa ha asegurado que existe un creciente "descontento" entre los empleados públicos aragoneses que se está traduciendo en movilizaciones y conflictos en distintos ámbitos de la administración. Según ha explicado, la situación responde tanto al deterioro de las condiciones laborales como a la pérdida acumulada de poder adquisitivo sufrida durante los últimos años.

"El conflicto se está tratando de manera aislada y se están dando soluciones fragmentadas. Si no buscamos una respuesta unificada, aumentará la frustración y con ella aumentará el conflicto", ha advertido el secretario general de UGT Servicios Públicos Aragón.

Ugt ve una pérdida salarial acumula del 15%

Sarasa ha realizado un repaso a la evolución de las condiciones laborales en el sector público desde la crisis económica de 2008 y ha recordado que los recortes aplicados entre 2010 y 2014 provocaron una importante pérdida de recursos en las administraciones y una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores que, a juicio del sindicato, todavía no se han recuperado.

Aunque ha reconocido que en los últimos años se han firmado acuerdos salariales a nivel estatal, ha insistido Sarasa en que esas subidas únicamente han servido para frenar nuevas pérdidas y no para recuperar el terreno perdido. "Hay una deuda pendiente con los empleados públicos que debe ser saldada", ha subrayado.

Desde la organización sindical, han calculado que la pérdida media de poder adquisitivo acumulada entre 2010 y 2025 alcanza ya el 15%, una cifra que, según Sarasa, ha supuesto un progresivo empobrecimiento de quienes sostienen los servicios públicos esenciales.

A esta situación se suma, según el sindicato, la elevada temporalidad existente en la administración autonómica. De acuerdo con los datos oficiales aportados durante la comparecencia, el porcentaje de empleo temporal en el conjunto del Gobierno de Aragón --incluyendo administración general, sanidad, educación y justicia-- alcanzaba el 47,7% en junio de 2025.

La cifra contrasta con el objetivo marcado por las directrices europeas, que sitúan la temporalidad recomendada en torno al 8%. Para UGT, esta diferencia evidencia que los procesos extraordinarios de estabilización no han sido suficientes para resolver el problema estructural de la precariedad.

La Ley de Función Pública, "asignatura pendiente"

Uno de los principales ejes de la propuesta sindical pasa por impulsar una Ley de Función Pública de Aragón que permita actualizar el marco normativo que regula el empleo público en la comunidad autónoma.

Sarasa ha señalado que Aragón continúa funcionando con una normativa basada en un decreto legislativo de 1991 y en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, una legislación que calificó de insuficiente para responder a las necesidades actuales.

"No tenemos una ley que contemple cuestiones como la igualdad, el teletrabajo, la digitalización o los nuevos modelos de organización. Estamos trabajando con una normativa absolutamente obsoleta", ha manifestado.

Por ello, UGT Aragón considera que la futura ley debería abordar aspectos clave como la selección de personal, la cobertura de puestos de trabajo, la movilidad entre administraciones aragonesas, la función directiva, la homologación de condiciones laborales o la carrera profesional.

Asimismo, reclama medidas específicas para afrontar los problemas derivados de la dispersión geográfica y la dificultad para cubrir determinados puestos en el territorio aragonés, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación. De acuerdo a los datos facilitados por UGT, la futura Ley de Función Pública afectaría a más de 87.300 empleados públicos de Aragón, incluyendo personal de la administración autonómica, sanidad, educación, justicia, administración local y universidad.

Por otro lado, el sindicato ha defendido la necesidad de planificar la negociación colectiva de forma centralizada a través de la Mesa General de Negociación, trasladando posteriormente los acuerdos a las distintas mesas sectoriales para su aplicación específica. Esta fórmula, han destacado desde UGT, permitiría ofrecer respuestas globales a problemas comunes y evitar diferencias entre sectores que desempeñan funciones similares dentro de la administración.

"Mañana trasladaremos nuestra propuesta al Gobierno de Aragón y, en función de la respuesta que obtengamos, adoptaremos las medidas que consideremos oportunas", ha anunciado Sarasa. El secretario general de UGT Servicios Públicos Aragón ha concluido su intervención reivindicando el papel de los servicios públicos como garantía del estado del bienestar y ha reclamado una mayor implicación política en su fortalecimiento. "No queremos que los servicios públicos, solo se valoren en campaña electoral. Son una garantía de bienestar social y deben ser atendidos y reforzados de manera permanente", ha expuesto.

A juicio del sindicato, la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la temporalidad y la aprobación de una Ley de Función Pública constituyen los pilares fundamentales para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y garantizar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos aragoneses.