Azcón modifica 600 millones del presupuesto prorrogado y empieza a recortar el diálogo social por exigencia de Vox

La ofensiva contra la financiación del diálogo social en Aragón ya ha comenzado. El Gobierno autonómico ha aprobado este jueves una reducción del 15% en las ayudas destinadas a la participación institucional de sindicatos, patronales y organizaciones agrarias, un ajuste que constituye la primera materialización de uno de los compromisos más simbólicos exigidos por Vox en el pacto de gobierno con el PP.

La medida pasa relativamente desapercibida dentro de un decreto ley de suplemento de crédito de más de 600 millones de euros, pero tiene una notable carga política. El recorte supone tocar uno de los elementos que durante décadas ha definido la singularidad institucional de Aragón, donde desde hace más de 40 años existe un diálogo permanente entre Gobierno, empresarios y trabajadores que se certifica en acuerdo tripartitos en cada legislatura.

La rebaja implica que cada una de las cuatro principales organizaciones sociales de la comunidad -las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO- verá reducida en 50.000 euros la subvención que recibe por participación institucional. La cuantía pasa de los 325.000 euros percibidos en 2025 a alrededor de 277.000 euros este ejercicio.

Más dinero que antes de 2025

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que la medida debe interpretarse con perspectiva. La vicepresidenta, Mar Vaquero, defendió este jueves que, pese al ajuste, las ayudas siguen situándose por encima de las registradas durante la mayor parte de los últimos años. Los datos avalan esa afirmación. En 2020 cada organización recibía 150.000 euros; en 2021 y 2022, 200.000; en 2023 y 2024, 225.000 euros. Incluso tras el recorte, la cuantía actual continúa siendo superior a la de cualquiera de esos ejercicios.

Desde el Gobierno de Aragón sostienen que el recorte es compatible con el mantenimiento de la actividad de sindicatos y patronales porque estas organizaciones seguirán percibiendo fondos para otros programas específicos. La reducción del 15% pasará a ser, previsiblemente, del 50% en 2027, según recoge el pacto entre el PP y Vox. De esta manera, cada agente social dejará de percibir 162.500 euros en relación a 2025. En conjunto, la dotación total de esta línea de ayudas bajará de 1,3 millones a 650.000 euros, situándose por debajo de los niveles de 2024, cuando estas ayudas ascendían a 900.000 euros.

Para qué sirve el diálogo social

La decisión tiene una lectura que va mucho más allá de las cifras. La subvención afectada no financia programas concretos ni proyectos específicos. Está vinculada a la participación institucional de los agentes sociales en más de un centenar de órganos consultivos y de gobernanza de la comunidad autónoma, entre ellos, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) o mesas sectoriales que permiten abordar problemas como la siniestralidad laboral, el absentismo o la formación vinculada a nuevas inversiones.

Son mesas donde se negocian políticas de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, relaciones laborales, industria, transición energética, servicios sociales o desarrollo económico. Espacios de interlocución que han permitido a Aragón construir una cultura de concertación reconocida incluso fuera de la comunidad, según han destacado siempre los agentes sociales y el propio Ejecutivo autonómico.

No es casualidad que sucesivos gobiernos autonómicos, de distinto signo político, hayan presentado esa capacidad de acuerdo como una ventaja competitiva de Aragón. Junto a factores como la ubicación logística, la disponibilidad de suelo industrial o el desarrollo de las energías renovables, la estabilidad institucional y laboral ha sido frecuentemente citada por responsables empresariales como uno de los motivos que inclinan decisiones de inversión hacia la comunidad.

Aragón constituye además una excepción en el panorama español. Desde finales de los años ochenta ha mantenido de manera ininterrumpida acuerdos de diálogo social con independencia de quién ocupara el Gobierno autonómico. Ese modelo ha sobrevivido a alternancias políticas, crisis económicas, conflictos laborales y cambios productivos profundos.

Precisamente por eso, la reducción aprobada ahora es observada con inquietud por los agentes sociales no tanto por la cuantía económica sino por el mensaje político que se lanza. El recorte responde a una exigencia expresa de Vox incorporada al acuerdo de gobernabilidad firmado con el PP. El texto pactado contempla reducir a la mitad las subvenciones vinculadas a la participación institucional, una meta que previsiblemente se desarrollará con los presupuestos de 2027 y de la que el ajuste aprobado este jueves constituye la primera fase.