La escuela pública gana el primer asalto y logra que la Justicia frene temporalmente la concertación del Bachillerato en Aragón

Será un septiembre diferente al imaginado. Para unos y para otros. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado favorablemente las cautelares solicitadas por 17 entidades defensoras de la escuela pública con las que urgían la suspensión de la concertación del Bachillerato en la comunidad. De esta forma, el concierto queda paralizado de forma temporal hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra esta medida. Las demandantes celebraron ayer esta primera victoria y dieron por hecho que el próximo curso no habrá nuevos bachilleratos concertados porque «no hay tiempo material» para ello.

«Aquí no hay un interés particular, y nuestra alegría no es individual ni personal, sino que es una alegría que compartimos con todos los que defienden los servicios públicos y, en este caso, la escuela pública», señaló Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR (federación de asociaciones de padres y alumnos de Aragón), en nombre de las 17 entidades demandantes. Así como hicieron con su malestar, también llevarán la celebración a las calles el miércoles 17 de junio, cuando se concentrarán para celebrar este triunfo inicial y el final de curso, además de para recordar las necesidades de la escuela pública, que «siguen estando con concertación y sin concertación». En «stand by» dejan la posibilidad de volver a movilizarse en defensa de la «calidad» educativa.

Por el momento, desde el Gobierno de Aragón no valoran la decisión del TSJA y se mantienen a la espera de que sus servicios jurídicos estudien el auto.

Tres puntos clave

Las entidades defensoras de la escuela pública se centran en tres puntos «fundamentales» del auto del TSJA por los que se explica la suspensión cautelar del Bachillerato concertado. El primero de ellos, y en el que se basa esencialmente el fallo, es que la modificación de la orden por la que se permite llevar a cabo esta medida a partir del próximo curso (2026-2027) fue publicada con el Gobierno en funciones.

Las demandantes defendieron desde el primer momento (7 y 8 de abril) que la DGA carecía de capacidad para poner en marcha esta medida «desde el punto de vista legal» y criticaron una «antijuricidad» de la orden. Este fue precisamente uno de los motivos que les llevo a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la misma ante el TSJA y, además, solicitar las cautelares. La Justicia ha avalado esta postura y el auto expone que la normativa autonómica limita la capacidad de actuación de un Gobierno en funciones para adoptar decisiones que puedan generar compromisos económicos o condicionar la actuación de futuros ejecutivos. Las organizaciones también recordaron en repetidas ocasiones que el presupuesto de la comunidad está prorrogado y que, por tanto, no se podía poner en marcha este cambio.

En esta línea, la sala del TSJA añade otro aspecto en el que también se basó la escuela pública para llevar la medida a la Justicia: que era «innecesaria». Las organizaciones han explicado en reiteradas ocasiones que la modificación de la orden que se publicó en abril no respondía a necesidades puntuales de escolarización u otras, que es lo que ha resuelto el auto al indicar que el Gobierno de Aragón no ha acreditado razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifiquen la decisión de un Ejecutivo en funciones adopte una medida de este calibre.

El segundo punto del fallo en el que pone el foco la escuela pública y en el que también han sustentado su solicitud de cautelares es que con la orden «no se está planteando una concertación puntual» del Bachillerato que responda a una necesidad de escolarización, que es lo permitido a nivel legal. Burón sostuvo que aplicar esta medida en los centros educativos que ya tienen las otras etapas obligatorias concertadas, que es lo que establece la norma publicada, «no es una necesidad puntual».

Y el tercer punto, que es la otra pequeña gran victoria para las demandantes, es que el TSJA las ha eximido de pagar los más de ocho millones de euros que exigían las patronales de la concertada por los daños y perjuicios que iban a sufrir sus centros si se paralizaba esta medida. «(…) no consideramos que sea precisa la exigencia de una caución para estimar la medida cautelar, caución que en la petición de las codemandadas (más de ocho millones de euros) sería simplemente inasumible, haciendo ineficaz el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente cautelar», dicta el fallo. Burón matizó que, aunque «en el auto se habla de más de ocho millones, eso es lo que se pedía por parte de una de las patronales, y la otra pedía tres millones y pico».

Plazos

Aunque el varapalo judicial a la concertación del Bachillerato es motivo de «satisfacción» para las demandantes, son conscientes de que se trata de una suspensión cautelar y de que todavía queda batalla por librar. A partir de la resolución del TSJA se abre un plazo de cinco días en el que la administración puede presentar un recurso de reposición, lo que por ahora se desconoce si sucederá. Las entidades deberán además presentar la demanda «firme» a esta medida y solicitarán los expedientes de inspección que permitieron al Ejecutivo autonómico en funciones posibilitar la concertación del Bachillerato, ya que, recordó Burón, la mayoría de centros concertados solicitan esta medida todos los años -lo volvieron a hacer este pasado noviembre- y los inspectores tumban la petición por no haber necesidades de escolarización.

Esto fue lo que, según indicó Burón, sucedió hace siete meses, con la diferencia de que en abril se publicó una modificación de la orden que posibilitó concertar el primer año Bachillerato a partir del próximo curso en la comunidad. Este martes, el Gobierno de Aragón mostró su intención de continuar adelante con la medida al anunciar la financiación para los conciertos de 1º hasta el curso 2030-2031 con un importe total de 56,7 millones.

Las entidades demandantes descartan casi al cien por cien la posibilidad de implantar esta medida a partir del próximo curso en Aragón y fijan la mirada en julio, cuando se publicarán las vacantes en Bachillerato en los centros públicos y concertados.

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