Un colectivo de Teruel planta cara a la multinacional que quiere instalar una macroplanta de biometano en Alfambra: "Es un pelotazo para captar fondos públicos"

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha presentado alegaciones contra la planta de biometano proyectada en Alfambra por la empresa Biorig, al argumentar que este tipo de macroinstalaciones obedecen a la "misma lógica extractiva y depredadora" que llevó a la constitución de esta y otras plataformas de defensa del territorio. "Con toda certeza habrá quien diga que la postura de Paisajes de Teruel es una oposición a proyectos que ayudan al desarrollo de la provincia y a la lucha contra el cambio climático aprovechando los residuos mediante la economía circular. Este tipo de interpretaciones malintencionadas obvian la postura de esta Plataforma, que es el reconocimiento de la utilidad del biometano y la valorización de los residuos", han diferenciado. Fuenrtes de Biorig niegan recibir ningún tipo de subvención para sacar adelante la iniciativa y que existe una conexión con el territorio, por los acuerdos alcanzados "a largo plazo" con granjas de la zona y a no más de 35 kilómetros. También destaca que el proyecto, aún en fase de información, "estará en todo momento sujeto al cumplimiento de la normativa y el control de las administraciones".

La discrepancia con proyectos como el de Biorig en Alfambra tiene que ver con la "escala y el modelo" de negocio. Al igual que Paisajes de Teruel defiendes un modelo de renovables en manos de la sociedad y adaptado a las necesidades y recursos naturales locales, los aprovechamientos de biometano "tienen lógica y rentabilidad sin necesidad de ayudas públicas" en proyectos de proximidad integrados en las mismas explotaciones ganaderas.

Lo que, en opinión de esta Plataforma, no tiene sentido es combatir el cambio climático transportando en camiones residuos ganaderos en un radio de entre 50 y 150 kilómetros, que son las distancias que figuran en la documentación, no los 30 kilómetros que se han comunicado a los medios de comunicación. En el proyecto de Biorig "no se ha descontado de las emisiones que supuestamente se van ahorrar las resultantes de recoger desde cualquier punto de la provincia los residuos para trasladarlos a la central de Alfambra y, después, mover los fertilizantes resultantes a su lugar de consumo", han advertido.

Este modelo "no tiene racionalidad" frente al de una gestión de residuos local, en el que se pueden usar como fertilizantes de proximidad y tratados en pequeñas plantas de extracción de biogás que sirva para generar luz y calor a las propias granjas, que es el modelo "más sostenible, rentable y lógico", han razonado.

Cuestión de rentabilidad

"Insistimos en la cuestión de la rentabilidad y lo inevitable de la inyección de dinero público, porque --argumenta la Plataforma-- este es el trasfondo de proyectos como el de Biorig en Alfambra" del que han alertado de que es el "penúltimo pelotazo para captar fondos públicos de unas instituciones al servicio de quien sea, menos de nuestros pueblos".

Las centrales de biogás, como la proyectada en Alfambra, requieren de una tecnología "muy cara de refinamiento de gas" para que pueda ser inyectado en la red gasista. La propia inyección del gas requiere de instalaciones de alta presión con un coste también elevadísimo, han informado. A ello hay que sumar el gasto "constante" en transporte para recolectar los desperdicios desde lugares alejados, con unos precios de combustible "muy altos", lo que da lugar a "precios operativos prohibitivos". Tras esta argumentación, han asegurado que "no es realista concebir este tipo de proyectos sin dinero público, que, en cambio, estaría bien invertido en pequeños proyectos de proximidad", han sugerido.

En cuanto a los impactos, en opinión de esta Plataforma, es un argumento mayor para oponerse el hecho de que la central se quiera ejecutar en una zona habitada por especies en peligro de extinción como el rocín o el sisón. La pérdida de hábitat y el trasiego de sesenta camiones diarios para llevar los residuos suponen una afección "crítica" a estas especies a las que "se aboca a la extinción". Unas especies que, como bienes naturales, son patrimonio de todos y necesarias para la "conservación del ecosistema que nos da de comer".

Desconocer o ignorar esta dimensión de la biodiversidad no niega ni su existencia, ni su importancia para la subsistencia y la salud de las personas. Desde Paisajes de Teruel han exigido que se informe de forma transparente al vecindario de Alfambra y de los pueblos limítrofes por donde transitarán los residuos, no solo por el promotor y cargos institucionales y "expertos cooptados, como sucedió con las renovables".

Esta información debe abarcar "todas" las posibles afecciones, entre las que se encuentran los olores que desprenden estas centrales por bien diseñadas que estén y que sufren el envejecimiento de los materiales como cualquier otra instalación. No hay en el proyecto un estudio de vientos, aunque la central se encuentre proyectada a poco más de 3 kilómetros de Alfambra, han comprobado desde la Plataforma. Generar un entorno con malos olores no solo es una cuestión de confort, pues "aparejada a esta pestilencia se cuentan sustancias nocivas para la salud y que, por tanto, conllevan una degradación" de la calidad del aire que respiran las poblaciones vecinas.

Biorig defiende compromiso "a largo plazo" y el cumplimiento de la normativa

Fuentes conocedoras del proyecto en Alfambra han señalado a este diario que "la promotora cuenta con contratos a diez años firmados con granjas ya existentes en el entorno" y que dichos acuerdos se han alcanzado "con instalaciones en un radio de alrededor de 35 kilómetros de la instalación de la planta de biometano de Alfambra". Sobre los comentarios de acuerdos con granjas a más de 50 kilómetros, las mismas fuentes señalan que son "distancias completamente fuera de toda lógica desde el punto de vista de la rentabilidad y la sostenibilidad".

Además, insisten en que las plantas impulsadas por Biorig "no cuentan con ningún tipo de subvención, incentivo o ayuda para su ejecución de ningún tipo de administración europea, nacional, autonómica o municipal". Sobre la futura instalación turolense, se precisa que trabajarán con un máximo de 198.000 toneladas y rechazan la consideración de "macro", que a su juicio sí existen en países como Alemania o Dinamarca.

Desde el proyecto defienden que "incluso en las peores condiciones de viente" no se generará "ningún tipo de afección a ninguna población cercana" por cuestiones de olor. "El desarrollo del proyecto estará en todo momento sujeto al cumplimiento de la normativa vigente y al control de las administraciones competentes, responsables del seguimiento y vigilancia del condicionado ambiental, lo que garantiza el respeto milimétrico a la fauna, la flora y el medio natural de la zona", finalizan.