La concertada acata con "decepción" y una "tristeza enorme" la suspensión temporal del Bachillerato concertado en Aragón

De la "resignación" a la "decepción" y a una "tristeza enorme". El sector de la concertada ha recibido con sensaciones negativas la suspensión temporal de la concertación del Bachillerato que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en respuesta a las cautelares que solicitaron 17 entidades defensoras de la escuela pública y que ha llevado al Gobierno aragonés a descartar esta medida para el próximo septiembre. Según han compartido, acatan la decisión judicial y no recurrirán el auto, pero no comparten la decisión y, como han acordado con la DGA, con la que se han reunido este viernes, trabajarán para que el convenio pueda ser una realidad en un futuro próximo.

"Como familias queremos expresar es nuestra gran incomprensión y decepción, sobre todo por el inicio de este proceso", ha expresado Miguel Ángel Serralde, presidente de Fecaparagón (federación cristiana de padres y madres de alumnos de Aragón), que ha hecho referencia a que el origen de esta suspensión cautelar está en el recurso contencioso-administrativo que presentaron ante el TSJA 17 entidades defensoras de la escuela pública para frenar lo que ellas consideran "una necesidad real, que es el concierto de Bachillerato".

2.700 familiar afectadas

Serralde ha defendido que las entidades demandantes "solo y exclusivamente han pretendido perjudicar a cientos de familias, en concreto a 2.700 familias, que ahora están cursando cuarto de Secundaria en los colegios concertados". "Hablo de perjudicar porque no han entendido, como así lo expresamos, que el incremento solo del 1,3% en el presupuesto de Educación que hubiera supuesto el concierto de Bachillerato en 1º y 2º no perjudica a nadie", ha matizado. El presidente de Fecaparagón ha indicado que con esa cuantía "no se solucionan los problemas" que la escuela pública dice sufrir y les ha reprochado una "falta de consideración" hacia las familias de la concertada.

También el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón (ECA), José Ignacio Casajús, se ha referido al alumnado y a las familias como "los grandes perjudicados" de la paralización del Bachillerato concertado y ha compartido que el auto del TSJA no cuestiona "en ningún momento la idoneidad o no de que un Gobierno establecido pueda acometer el concierto educativo", y ha deslizado: "Simplemente habla del tema del Gobierno en funciones".

Precisamente por eso, Casajús ha compartido que trabajarán de la mano del Gobierno de Aragón en que este plan educativo salga adelante y continuarán "luchando porque esos conciertos lleguen a los centros y, sobre todo, por velar la libertad de elección de centro de las familias". El secretario de ECA ha compartido el "desencanto" de la patronal con la suspensión cautelar de la medida y ha agradecido al Gobierno que haya convocado una reunión con este sector educativo.

En la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Aragón (CECE), el varapalo judicial a la concertación del Bachillerato en Aragón ha sido recibida "con una tristeza enorme por lo que supone para todos aquellos a los que les ha afectado, que fundamentalmente son familias y alumnos". Así lo ha expresado su presidente, José María Marín, que ha indicado que, en consecuencia, también la patronal sale perjudicada.

Marín ha lamentado que las familias cuyos hijos cursan 4º de Secundaria en la concertada tengan que recibir la noticia de que han "frustrado" sus planes. "Esos hijos ya pensaban que iban a poder continuar con sus compañeros y, sin embargo, hay que decirles que no va a poder ser, y eso es grave porque son niños que, muchos casos desde los 3 años, han estado juntos y por un tema económico a partir del año que viene se tienen que ir a otro sitio porque los padres en algunos casos no van a poder pagar lo que cuesta el Bachillerato no concertado". La apuesta de CECE ahora es "intentar por todos los medios dar normalidad a la situación" con el objetivo de respetar los procesos de matriculación.

Seguridad jurídica

La postura de los sindicatos es similar. Jesús Gil de Benabé, de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza), ha apuntado que la suspensión para el próximo curso escolar es "una decisión puntual", por lo que trabajarán para que "haya esa concertación beneficiosa para las familias con menores recursos para el curso 2027-2028". Con todo, la organización ha mostrado su respeto al auto de la Justicia y, en línea con lo trasladado por el Gobierno de Aragón, ha afirmado que "lo más importante" es garantizar la seguridad jurídica para trabajadores, centros y familias.

También FE-USO (Federación de Enseñanza de USO) ha mostrado su malestar. "Encajamos esta decisión con resignación porque entendemos que, respetando la universalización de la educación 0-18 años, esta medida garantiza la libertad de elección de las familias, que recordemos que es un derecho fundamental, además constitucional", ha señalado su coordinador, Pablo Aguilar.

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