La consejera de Educación cree que la paralización de la concertación del Bachillerato "recorta derechos a 55.000 familias"

El auto del TSJA que suspende la concertación del Bachillerato por parte del Gobierno de Aragón sigue a esta hora sin respuesta oficial por parte del Ejecutivo aragonés, cuyos servicios jurídicos están analizándolo. Pero la consejera de Educación, Carmen Susín, ha hecho una primera valoración ante la pregunta del diputado socialista Jorge Pastor y ha asegurado que con este auto se "recortan los derechos de 55.000 familias" que llevan a sus hijos a los centros concertados. Esta mañana, Susín se reúne con los representantes de la escuela concertada tras la paralización cautelar de la medida estrella en materia educativa del Gobierno de Jorge Azcón.

Susín ha declarado que "respecto al recorte de derechos, el único gobierno que fue condenado por cercenar derechos fundamentales y que sacó a 30.000 personas a la calle fue el de Javier Lambán", recordando una manifestación multitudinaria protagonizada por los representantes de la concertada en el primer gobierno del socialista.

Sin entrar en el varapalo judicial que suspende cautelarmente la implantación de la concertación del Bachillerato, Susín ha considerado que "55.000 familias veían ayer con estupor cómo quien fue ministra de Educación se fue a la puerta de un colegio concertado a celebrar que se recortaban los derechos de 55.000 familias aragonesas". Desde el PSOE, sin embargo, han negado que las declaraciones de Pilar Alegría se produjeran a las puertas de ningún colegio concertado. Y Susín ha incidido en que las familias que llevan a sus hijos a la concertada "no votan todas a los mismos partidos ni rezan al mismo Dios" y ha reprochado a los socialistas que "en pocos meses tengrán que explicar por qué 55.000 familias aragonesas no van a tener el derecho de elegir en qué colegio quieren que sus hijos acaben sus estudios".

La consejera ha acusado a los grupos de izquierdas de que "necesitan mover la calle" y ha reprochado que lo hagan "con algo tan sensible como la educación". Y ha defendido la apuesta del Ejecutivo PP-Vox por los centros públicos, con "8 grupos más en la escuela pública pese a la caída prevista del alumnado, el incremento de la oferta educativa con 16 nuevas aulas TEA, y hemos apsado de 6 a 12 millones la inversión en inclusión". Susin ha recordado que en el curso 2021-2022, "el PSOE cerró 21 aulas públicas y en el 2023-2024, cerraron 23 aulas públicas". "Una persona responsable diría que el cierre de aulas responde a la bajada de la natalidad, pero un demagogo diría que son recortes", ha denunciado Susín.

Enfrente, el diputado socialista Jorge Pastor, volvía a hacerse eco del auto del TSJA y recordaba que "los intereses de las entidades recurrentes son intereses generales o de interés público que no pueden ni deben ponerse en correlación con los intereses particulares". "Dígannos qué les van a decir a los de los intereses particulares. Espero que desistan de ese interés tan grande porque de sobras sabe que no se necesitan más plazas de bachillerato", ha reprochado.

El socialista ha llegado a pedir la dimisión de Azcón por este varapalo judicial, porque "la bandera de la concertación era tan grande que tenía que suponer no la dimisión de la consejera, sino del presidente". Y se ha preguntado "por qué lo hicieron tan mal, por qué lo hicieron en funciones" y ha animado a la consejera a utilizar "esos 57 millones de euros" en centros con necesidades como el Catalina de Aragón, el Pirineos-Pyrenée, el Jerónimo Blancas o los institutos de Monzón, Parque Venecia o Pinseque.

"Detrás de cada cierre hay una familia, un niño, profesores, municipios enteroos que quieren una explicación", ha reiterado Pastor.