El Gobierno de Aragón descarta concertar Bachillerato el próximo curso y lo pospone al 2027-2028 para ofrecer "todas las garantías jurídicas"

El Gobierno de Aragón ha descartado concertar el Bachillerato el próximo curso escolar (2026-2027) y lo ha aplazado al 2027-2028, cuando trabajará por llevarla a cabo con "todas las garantías jurídicas". Tampoco recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que dicta la suspensión cautelar de la medida como habían solicitado las 17 entidades defensoras de la escuela pública. Las consejeras de Educación, Ciencia y Universidades y de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Carmen Susín y Mar Vaquero, han tratado estas decisiones en una reunión mantenida este viernes con el sector de la concertada, que tampoco impugnará el fallo de la Justicia.

Las consejeras han trasladado la decisión de aplazar la concertación del Bachillerato al curso 2027-2028 momentos después de que el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, reconociera que era "muy difícil" que esta medida se pusiera en marcha en septiembre por la paralización temporal dictada por el TSJA. El motivo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a renunciar a este convenio para el próximo curso está, sobre todo, en los plazos, ya que el próximo lunes (15 de junio) deben determinarse las vacantes que hay en esta etapa educativa y posteriormente se abrirá el periodo de matriculación.

"Lo que no podemos hacer es retrasar el proceso de escolarización ni que esté en una situación vulnerable restando seguridad a las familias que tienen que matricular a sus hijos ya en Bachillerato", ha indicado Susín. La también vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha remarcado que con esta decisión persiguen "ofrecer certidumbre y seguridad jurídica a las familias" y ha defendido que "alargar más esta situación supondría dejar en el limbo una decisión final" que generaría incertidumbre a madres y padres de alumnos.

Pero el Gobierno de Aragón no desistirá en la concertación del Bachillerato y Susín ha asegurado que trabajarán para poder implantarlo dentro de dos cursos escolares con "todas las garantías jurídicas para que las familias elijan libremente en qué centro quieren que sus hijos cursen el Bachillerato". No ha concretado si será a través de una nueva orden ni si se realizará en los mismos términos que la modificación de la norma publicada en abril, que permitía acogerse a esta medida en el primer curso a los centros que ya tuvieran otras etapas concertadas.

La "seguridad jurídica" como base

Con todo, las consejeras han trasladado que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estudiarán cómo llevar a cabo el proceso y Susín ha garantizado que emplearán "todas las herramientas e instrumentos jurídicos que garanticen la seguridad de las familias y los centros a la hora de escolarizar libremente y con garantías a sus hijos en Bachillerato".

Vaquero ha recordado además que el auto del TSJA que se dio a conocer este jueves basa la suspensión cautelar de la concertación en que el Ejecutivo la publicó estando en funciones, pero desde el 22 de abril hay pacto de Gobierno. "Se ha hecho una interpretación amplia del artículo 21 de la ley del presidente que establece qué actos se pueden llevar a cabo", ha deslizado. Susín ha indicado que el criterio jurídico de la DGA está "avalado" en el voto particular de un magistrado, el único de los seis que considera que no concurren las circunstancias necesarias para justificar la suspensión cautelar.

Con todo, la vicepresidenta ha subrayado que "lo importante" es que el Gobierno de Aragón seguirá adelante con los planes educativos porque consideran "indispensable" que el modelo esté "basado en la excelencia, en la libertad de elección de centros". "Lo importante es que para el curso 27-28 las familias aragonesas sepan que sus hijos pueden tener concertado el primer curso de Bachillerato, que era el compromiso que teníamos para este curso y que se ha visto suspendido con esas medidas cautelares", ha dicho Susín.

La partida presupuestaria para la concertada

Siguiendo esta misma línea de "compromiso" con el Bachillerato concertado, el Consejo de Gobierno de Aragón autorizó este miércoles los conciertos educativos por un importe de 56,7 millones de euros, una cuantía que complementa al compromiso de gasto de 1.013 millones para la educación concertada los próximos seis cursos que se firmó el pasado mes de septiembre y que incluía todas las etapas. Entonces informaron de que el gasto total se destinaría a financiar a los centros que ya han estado concertados en el curso 2025-2026 y que habían solicitado renovar o modificar sus unidades y también a nuevos centros que cumplieran los requisitos legales y hubieran pedido acceder a este régimen por primera vez.

Vaquero ha matizado este viernes que se trata de una partida presupuestaria "global" de la que solo "una parte muy pequeña" se corresponde a la concertación de Bachillerato porque "todo lo demás son los conciertos que ya existen en otras etapas educativas" u otras acciones como "mejoras retributivas".

"En esa ampliación de crédito se contempla una parte fundamentalmente para servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales", ha indicado Vaquero, que ha puesto en valor "la apuesta indiscutible que ha hecho el Gobierno de Aragón por la educación pública" refiriéndose a acciones como un "incremento de docentes" y de las condiciones retributivas, entre otras. "En ese global estaba todo ese incremento de coste que ha supuesto al presupuesto de la comunidad autónoma el refuerzo de la educación en Aragón", ha apuntado.

La consejera Susín ha dedicado unas palabras a los "afectadas" por la suspensión cautelar del Bachillerato concertado. "Ayer fue un día triste porque se recortó el derecho de 55.000 familias que, o bien iban a ya a matricular a sus hijos, o tienen la expectativa de hacerlo". La titular del ramo ha hecho referencia al sentimiento de "celebración" que mostraron las demandantes al conocer el auto y ha compartido: "Siempre que se recortan derechos no es motivo de alegría, y me entristece tremendamente que la izquierda ayer celebrara esto como una victoria cuando hay 55.000 familias, como mínimo, que ayer vieron frustradas sus expectativas y recortados sus derechos".

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