Profesores y padres de la escuela pública celebran el frenazo al bachillerato concertado: "Los recursos tienen que ir donde hacen falta"

La decisión del Gobierno de Aragón de aplazar la implantación del Bachillerato concertado hasta el curso 2027-2028 ha sido recibida con satisfacción por buena parte de la comunidad educativa de la escuela pública. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspendiera cautelarmente la medida, el ejecutivo autonómico ha optado por no recurrir el auto y esperar a impulsarla más adelante con mayores garantías jurídicas.

En los centros públicos, la noticia se interpreta como una victoria parcial tras meses de movilizaciones, huelgas y protestas. "Lo vivimos con alegría porque no dejan de ser recursos públicos destinados a servicios públicos", afirma Begoña Garrido, profesora del IES Avempace. A su juicio, la escuela concertada tuvo sentido en un momento en el que la red pública no podía absorber toda la demanda educativa, pero considera que la realidad actual es diferente.

"Hoy hay plazas suficientes y de calidad en la escuela pública. Los recursos tienen que ir primero a los servicios propios de la administración. Y, sinceramente, todavía falta muchísimo dinero para cubrir todas las necesidades que tenemos", argumenta.

La docente recuerda que la oposición al bachillerato concertado no ha surgido de la noche a la mañana: "Los cambios sociales empiezan en la calle, pero no son reales hasta que las instituciones los reconocen. Esta decisión demuestra que merece la pena movilizarse y expresar lo que pensamos".

Garrido espera que la paralización no sea un simple paréntesis: "La escuela pública es la única que llega a todo el territorio aragonés y a toda la población. En muchos pueblos solo existe la pública. Las aulas TEA, los recursos de inclusión, la atención a todo el alumnado... eso no puede entenderse como un negocio".

Además, pone ejemplos concretos de necesidades pendientes: "En mi centro no hay suficientes baños adaptados para quienes los necesitan. También faltan profesores de apoyo y mejoras en accesibilidad. Mientras esas carencias existan, es difícil entender que se quiera destinar dinero a nuevos conciertos educativos", relata.

Por su parte, una profesora del IES Benjamín Jarnés, de Fuentes de Ebro, insiste en que la oposición a la medida no va dirigida contra la escuela concertada en sí, sino contra las prioridades de inversión educativa. "Cuando la escuela pública tenga cubiertas todas las necesidades que llevamos décadas reclamando, no habría ningún problema en ayudar a la concertada", sostiene.

Sin embargo, considera que la realidad está lejos de ese escenario. "Si se conciertan esos bachilleratos, nos quedamos con menos recursos para la pública. Faltan orientadores, educadores sociales y especialistas en muchos centros. Recibimos menos horas de las que realmente necesitamos y seguimos trabajando en instalaciones envejecidas y obsoletas", explica.

Satisfacción familiar

Las familias que han participado en las movilizaciones comparten esa sensación de respaldo. Una madre del CEIP Catalina de Aragón considera que la resolución judicial "da un espaldarazo" a quienes llevan meses protestando. "Nos reafirma en que la decisión se tomó de forma incorrecta. Era un gobierno en funciones el que comprometía el futuro de la educación en Aragón", señala.

También cree que las protestas han tenido efecto. "Sentimos que, de alguna manera, se nos ha escuchado. Ha habido huelgas, concentraciones y muchas familias nos hemos implicado porque entendíamos que estaba en juego el futuro de la educación pública", apunta.

Desde su experiencia cotidiana, percibe una contradicción difícil de explicar. "En nuestro centro quieren reducir dos aulas y meter a más alumnos en menos espacio. Tenemos la sensación de que la concertación acaba siendo desvestir un santo para vestir a otro".

Por eso confía en que la suspensión cautelar termine convirtiéndose en definitiva: "No tiene sentido crear nuevas plazas financiadas con dinero público cuando siguen quedando vacantes en institutos públicos. Primero habrá que aprovechar lo que ya existe".

Una madre del IES Miguel Servet comparte esa reflexión. "Si existen plazas públicas de Bachillerato en Aragón, deberían llenarse primero. Y si no son suficientes, entonces ya se podrían estudiar otras opciones. Antes hay muchas deficiencias en la pública que deberían corregirse".

Aunque cree que la batalla judicial todavía no ha terminado, reconoce que la noticia ha sido recibida con alivio: “Había mucho malestar dentro de la escuela pública por estas medidas".

Entre las voces que apoyan la paralización también está Chema, padre de un alumno del CPI Soledad Puértolas. Considera que la decisión del tribunal era necesaria si existían dudas sobre la legalidad del procedimiento.

Para él, el debate va más allá de una cuestión administrativa. Defiende que los recursos públicos deben reforzar prioritariamente la educación pública porque es la herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades. Aunque respalda la existencia de centros privados financiados por las familias, cuestiona que los conciertos se amplíen a etapas no obligatorias como el bachillerato o la formación profesional.

"El objetivo debería ser mejorar las infraestructuras, los recursos y la calidad de la escuela pública", sostiene. A su juicio, la educación debe actuar como un elemento de cohesión social y no depender de la capacidad económica de cada familia.

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