El Supremo inadmite un nuevo recurso del Gobierno de Aragón contra el reparto de menores migrantes
La Justicia falla en contra de la queja que la DGA había presentado contra el supuesto "silencio del Consejo de Ministros" sobre los criterios del sistema de acogida

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este martes, tras el Consejo de Ministros.
S. H. V. / Agencias
El Tribunal Supremo ha rechazado un nuevo recurso del Gobierno de Aragón contra el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas impulsado por el Ejecutivo central para hacer frente a la crisis migratoria que padecen, sobre todo, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. El Alto Tribunal rechaza la oposición de la DGA al procedimiento, que en este recurso alegaba contra el supuesto "silencio del Consejo de Ministros" sobre los criterios del sistema de acogida.
El Supremo concluye que Aragón dirigió su recurso "contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa" y acuerda la inadmisión del procedimiento.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, señalan a este diario que los criterios para llevar a cabo el reparto han sido "públicos" desde que salió a la luz el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes documentos de desarrollo de esta normativa. Según el propio ministerio, los criterios "fueron trabajados en las diferentes Conferencias Sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna Comunidad Autónoma propusiese criterios alternativos".
Hasta la fecha, el Gobierno de Aragón ha recibido "cinco varapalos judiciales". Desde el Ministerio de Juventud e Infancia destacan que el Supremo también ha fallado en contra de comunidades autónomas como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana, que también han presentado diferentes recursos contra los criterios del reparto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La ministra Rego ha vuelto a defender "un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria. Esto se ha traducido en un mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de Comunidades Autónomas del Estado".
Según Rego, "el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan". La ministra concreta que el Ejecutivo al que pertenece "refuerza derechos donde otros pactan racismo" y asegura que ese posicionamiento "no se negocia".
Nolasco cree "irrelevante" el rechazo del Supremo
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha tildado este lunes de "irrelevante" que el Supremo haya inadmitido a trámite el recurso del Gobierno de Aragón. En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha señalado que el Supremo ha inadmitido el recurso por "un error de forma" y ha respondido "a la cuestión global", el reparto de menores no acompañados, tras lo que ha observado que el Gobierno de Aragón ha parado cuatro traslados individuales desde Ceuta mediante sendas sentencias judiciales. "Estamos contentos", ha zanjado.
"Lo cierto es que nos han dado la razón cuando hemos planteado esa misma cuestión individualmente", ha continuado el titular de Bienestar Social, insistiendo en que la resolución del Supremo "es un tema de forma, no de fondo". Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón evaluarán si es conveniente recurrir esta decisión del alto tribunal "y cuál es la estrategia más acertada para hacerlo".
Alejando Nolasco ha sido claro: "Vamos a seguir recurriendo todos y cada uno de los traslados, cada uno de los expedientes", haciendo hincapié en que el Gobierno de España "no motiva por qué nos mandan a Aragón una serie de menores y no los mandan a Cataluña o a otros sitios" y "esa falta de motivación ha sido por lo que hemos ganado las sentencias".
Se ha quejado de que al Gobierno de Aragón no le comunican "nada" en relación a los traslados de menores y tienen conocimiento de ello cuando la Fiscalía les dice el día y la hora de la llegada, de forma que "no hay transparencia en los datos, ni mucho menos". La Consejería de Bienestar Social cumplirá con las obligaciones legales siempre y cuando se lo requiera la Fiscalía, "habiendo recurrido todos y cada uno de esos expedientes".
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