La junta del Centro Aragonés de Barcelona dimite el bloque ante el "abandono" que sienten de la DGA: "Tenemos la sensación de provocar molestias"

"Tras numerosas demoras no justificadas y ocultaciones o silencios persistentes por parte de quien creíamos los más interesados en su estreno y disfrute, manifestamos nuestra desmoralización, abandono y, por tanto, dimisión". Así culmina la actual Junta del Centro Aragonés de Barcelona un duro comunicado en el que evidencia una falta de diálogo y entendimiento con el Ejecutivo dirigido por Jorge Azcón, situación que les ha llevado a presentar su dimisión el bloque.

"Creemos que no hemos sido capaces de transmitir al Gobierno de Aragón, en su conjunto, la huella humana, histórica, cultural y social que envuelve al magnífico edificio del Centro Aragonés de Barcelona en la calle Joaquín Costa", dicen.

La decisión llega apenas unos días después de que el Gobierno de Aragón licitara las obras de rehabilitación del edificio por 1,6 millones de euros, unos trabajos que comenzarán en agosto con un plazo de ejecución de 15 meses. Pese a ello, la Junta considera que su idea y acción de voluntariado "ha perdido su sentido" y culpan a la DGA de falta de colaboración. De hecho, en el final de su escrito aluden a una frase que aparecía en el programa electoral de Azcón este año y que decía: "buscaremos la colaboración más intensa con las Casa de Aragón fuera de nuestro territorio, dándoles soporte y estando a su entera disposición".

La Junta, que comenzó su andadura en mayo de 2028, recuerda que ya entonces se dirigieron al Ejecutivo de entonces para proponerle la cesión y reforma de la sede del Centro Aragónes de Barcelona, así como un nuevo proyecto, tanto para la actividad como para su uso por el Gobierno de Aragón y el amplio tejido social, cultural y económico aragonés. El traspaso del inmueble, aquejado por filtraciones, desperfectos y un evidente deterioro, se formalizó en 2023.

Recuerdan que en noviembre de 2023, ya con Azcón en el Pignatelli, él mismo se personó en el centro "y se comprometió a impulsar el proyecto presentado", señalan.

Problemas de personal

Explican que mientras llegaban esas obras, el Centro Aragonés ha sufrido problemas de personal, inundaciones frecuentes, deterioros multifuncionales, afrontamiento de requerimientos industriales, requisitos del teatro para su desarrollo normal y la actividad de los socios dentro de la situación actual de cierre del edificio. "Hemos colaborado desinteresada y profusamente en cuantos requerimientos se nos han demandado, para facilitar los proyectos y acciones que propiciaran el avance de esas obras. Hemos trabajado en el inventario y mejora de la biblioteca pensando en su apertura a la red de bibliotecas de Aragón. No se nos ha contestado tras nuestra disponibilidad y facilitar el inventario que se nos solicitó desde Cultura de Aragón", dicen.

"Tenemos la sensación de mendigar noticias y provocar molestias", señalan. "Solo el edificio es objeto de trato e interés por parte del actual Gobierno de Aragón. Ha optado por una opción de privatización y rentabilización rápida de sus espacios relegando a sus socios a espacios marginales para que, por su deterioro natural, acaben con la asociación”, denuncian. "El 90 % del edificio se destinará a alquileres sin acceso para los socios", matizan.

La respuesta de la DGA

Desde el Gobierno de Aragón niegan la mayor, aseguran que la asociación "no está siendo desplazada" e insisten en que hay una "secuencia clara de trabajo" respecto al edificio. "El Gobierno de Aragón no está incumpliendo en ninguno de los casos. El edificio se cedió en 2022 como sede de la Casa de Aragón, pero no como un espacio de uso privado ajeno a toda lógica de conservación, inversión y sostenibilidad", señalan fuentes del Ejecutivo.

"La asociación -que llegó a tener 3.000 socios y hoy está en unos 600- está dentro del grupo de trabajo, mantiene el usufructo del Teatro Goya y los ingresos derivados de su explotación, que alcanzan los 90.000 euros al año. Además, el Gobierno asume las reparaciones extraordinarias sin repercutirles ese coste", apuntan. "Lo que no se puede sostener es una especie de derecho de uso casi exclusivo sobre un edificio que la propia asociación tuvo que ceder en 2022 porque no podía afrontar la rehabilitación de este inmueble que en ese momento ya estaba valorado en 10,2 millones de euros", argumentan.

Los plazos que desde la DGA defienden que se han cumplido son: licencia en 2024, redacción del proyecto en 2025, contrato de usos en febrero de 2026 y licitación de la obra este junio, además de reuniones constantes del grupo de trabajo. "Ese inmueble es del Gobierno de Aragón, es decir, de todos los aragoneses, y su recuperación va a requerir una inversión pública que muy probablemente acabará superando los 5 millones de euros. En ese escenario, seguir planteándolo como si fuera un ámbito reservado para unos pocos no responde ni a la realidad del edificio ni a la responsabilidad con la que debe gestionarse el dinero público", señalan.

En este sentido, alegan que "poco más de 40 personas" de la asociación acuden con cierta frecuencia. "Eso no es un reproche, es un dato que explica por qué el modelo tradicional ya no es suficiente para sostener un inmueble de estas características", puntualizan.

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