El diputado aragonés del PP, Luis María Beamonte, afirma en el Congreso que es "razonable" tener en cuenta el arraigo para las ayudas sociales

El polémico concepto de la prioridad nacional, presente en los acuerdos de PP y Vox en las autonomías en las que han pactado sus respectivos gobiernos autonómicos (Aragón, Extremadura y Castilla y León), se ha colado este martes en el debate del Congreso de los Diputados. Los conservadores, por boca del diputado e histórico dirigente aragonés Luis María Beamonte, han defendido junto a la extrema derecha su visión, recogida en una PNL registrada por la formación de Abascal y que se votará en el pleno del próximo jueves, si bien los populares no han confirmado el sentido de su voto.

Con todo, quien fuera presidente del PP aragonés, de la DPZ y alcalde de Tarazona, entre otros cargos, ha afirmado que resulta "razonable" que, a la hora de acceder a determinadas ayudas, "puedan tenerse en cuenta criterios objetivos como el arraigo".

La PNL de Vox, ha añadido, "no contiene nada sustancialmente distinto" a lo que ha acordado con el PP tanto en Aragón, donde se ha firmado la segunda coalición PP-Vox en el Pignatelli, como en Extremadura y Castilla y León. Beamonte ha aprovechado su intervención para hablar de la "corrupción" del Gobierno y ha defendido que "la verdadera prioridad nacional" es "que Pedro Sánchez dimita y hablen los españoles".

En cualquier caso, más allá del voto que emitan finalmente los diputados populares en el próximo pleno, la PNL sobre la prioridad nacional no tiene demasiados visos de salir adelante, ya que el resto del arco parlamentario ha mostrado su rechazo a la norma.

La propuesta ha sido presentada por el diputado de Vox, Carlos Hernández Quero (una de las voces autorizadas en la negociación entre PP y Vox en las comunidades como Aragón), quien ha afirmado que es un "derecho histórico de los españoles" que sus necesidades sean atendidas en primer lugar, en un momento en el que se está aplicando, ha dicho, la "prioridad extranjera".

Aunque en la presentación Quero ha insistido en el mensaje de "españoles primero", los tres puntos de la PNL no abogan directamente por priorizar al español porque "se adecuan a la legislación vigente", tal y como apunta el texto. De hecho, definen la prioridad nacional de una manera similar a como la entiende el PP, esto es, como "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Sí contienen alguna diferenciación, como por ejemplo la de dar prioridad en las ayudas sociales o de vivienda a quien tiene familiares de primer grado que residan en España.

Rechazo del resto

El diputado socialista Luis Alfonso Rey ha precisado que "buscar nuevos criterios de prioridad es inconstitucional y vulnera el principio de igualdad ante la ley, que prohíbe la discriminación por origen o nacionalidad". Mientras, la diputada de Sumar Aina Vidal ha afirmado que Vox no quiere poner a los españoles primero, sino que "utilizan el racismo para eliminar lo público y forrarse".

En su turno de palabra, Martina Velarde (Podemos), ha afirmado que la prioridad nacional que defienden Vox y PP es "racista" y una "vergüenza" y que la PNL es "inviable e inconstitucional". "Cuando alguien espera meses para una cita médica, el culpable no es quien llega en una patera sino los recortes y las privatizaciones de la sanidad", ha defendido. Por su parte, Jordi Salvador (ERC) ha acusado a Vox y PP de "lucrarse con la prioridad nacional de sus acuerdos regionales, que mantiene a los pobres peleándose entre ellos".