La conservación de los edificios: un aspecto esencial para la seguridad

Aragón refleja claramente esta situación: es la séptima comunidad autónoma con el parque inmobiliario más antiguo de España, con una edad media de 47 años. De las más de 800.000 viviendas que integran su tejido residencial, el 58 % se construyeron antes de 1980, lo que evidencia la necesidad de impulsar actuaciones de conservación y mantenimiento.

En fechas recientes, distintas localidades aragonesas han sufrido incidentes relevantes vinculados al deficiente estado de conservación de algunos inmuebles, en ocasiones con riesgo directo para sus ocupantes. En todos ellos se repite un mismo denominador común: edificios con más de cuarenta años de antigüedad y, en algunos casos, una insuficiente cultura de mantenimiento preventivo.

En este contexto, el Consejo de Colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón (CCATA) ha elaborado un informe sobre la conservación de los edificios en la comunidad, basado en una muestra de más de 1.300 inmuebles, del que se desprende que el 22,72 % presenta un estado desfavorable.

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Elementos sensibles

Las inspecciones técnicas y los informes emitidos por los colegios profesionales identifican como elementos especialmente sensibles las cubiertas, los balcones y los elementos ornamentales o decorativos situados en el exterior. Al estar expuestos durante años a la humedad, a las condiciones meteorológicas y, en ocasiones, a una atención insuficiente, suelen ser los primeros en mostrar daños o patologías asociadas a la falta de conservación.

En la comunidad, aproximadamente un tercio de las patologías detectadas se localizan en fachadas, elementos vinculados a estas y cubiertas, mientras que en torno al 15 % afectan a componentes estructurales.

Revisión preventiva

Aragón carece de un mecanismo obligatorio de revisión preventiva de edificios aplicable con carácter general, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas. Sin embargo, algunos municipios, como Zaragoza, sí exigen que los inmuebles se sometan a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) al cumplir los 50 años. Aun así, la práctica demuestra que muchos indicios iniciales de deterioro pueden aparecer ya a partir de los 40 años. Por este motivo, los especialistas aconsejan anticipar las revisiones y promover una actitud más preventiva entre propietarios y comunidades de vecinos.

Tal y como recuerdan los profesionales del sector, cuando un administrador de fincas advierte de la conveniencia o necesidad de acometer una actuación, no lo hace de forma arbitraria, sino en cumplimiento de sus obligaciones legales y profesionales. Ignorar esas advertencias puede derivar en daños estructurales de mayor gravedad, desalojos obligados e incluso desprendimientos o colapsos parciales que comprometan la seguridad de las personas.

Una parte importante del problema reside en la escasa sensibilización social sobre el valor de la rehabilitación. Aún persiste la idea de que destinar recursos al mantenimiento de un edificio es un gasto prescindible. Sin embargo, actuar solo cuando el deterioro ya es evidente suele llegar tarde y puede acabar resultando mucho más costoso.

En este ámbito, las administraciones públicas, los colegios profesionales, los medios de comunicación y las empresas desempeñan una función decisiva. Es necesario impulsar una cultura de conservación preventiva, facilitar instrumentos de diagnóstico y articular ayudas económicas que permitan a las comunidades vecinales afrontar estas actuaciones. La rehabilitación no solo incrementa la seguridad, sino que también mejora el valor de los inmuebles, aumenta el confort térmico y acústico y contribuye a construir ciudades más habitables.

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La conservación de los edificios no debe entenderse solo como una exigencia normativa, sino también como una apuesta por la sostenibilidad. En muchos casos, rehabilitar en lugar de demoler permite reducir la generación de residuos, limitar la huella de carbono y prolongar la vida útil de las construcciones existentes. Por ello, resulta imprescindible avanzar hacia una estrategia de renovación urbana que integre eficiencia energética, seguridad estructural, sostenibilidad y respaldo institucional para afrontar con garantías el futuro del parque residencial español.

_{Información facilitada por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Zaragoza}