María Pía Canals: "La rehabilitación energética moviliza empleo e inversión y refuerza a toda la cadena productiva vinculada a la vivienda en Aragón"

-¿Cuáles son las prioridades de la Dirección General en la rehabilitación de viviendas durante esta legislatura?

-Nuestra prioridad es reforzar una política de vivienda equilibrada, en la que la rehabilitación tenga un peso real junto a la creación de nueva vivienda pública en alquiler asequible. El Plan Aragón Más Vivienda nace precisamente para actuar sobre ambos frentes: incrementar el parque público y regenerar el tejido residencial existente, especialmente en municipios pequeños, centros urbanos degradados y áreas con necesidad de revitalización.

-¿Qué balance hace Aragón de los fondos Next Generation en rehabilitación? ¿Hay datos sobre cuántas viviendas se han beneficiado, cuánto dinero ha movillizado y qué porcentaje de ejecución real se ha alcanzado?

-Los fondos Next Generation han sido decisivos para activar una cultura de la rehabilitación energética en Aragón y para movilizar inversión privada y actividad profesional en todo el territorio. Aragón ha canalizado actuaciones de rehabilitación con inversiones significativas vinculadas a programas europeos, aunque el balance final debe leerse no solo en número de viviendas intervenidas, sino también por su capacidad para impulsar nueva inversión, modernizar el parque residencial y generar obra y empleo.

-Los fondos han sido el gran motor reciente de la rehabilitación energética. Cuando se agoten las convocatorias, ¿qué instrumento va a sustituirlos en Aragón para que no se frene la actividad?

-Cuando finalicen las convocatorias europeas, el instrumento de continuidad debe ser una combinación de recursos autonómicos, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y los programas propios del Plan Aragón Más Vivienda. La clave es que la rehabilitación no dependa de una única fuente, sino de una arquitectura estable de financiación y de programas permanentes que den continuidad al sector.

-¿Qué papel han jugado las oficinas de rehabilitación en Aragón? ¿Van a mantenerse? La directiva europea habla de la conveniencia de contar con «ventanillas únicas» de atención.

-Las oficinas de rehabilitación cumplen exactamente la función que ahora refuerza la directiva europea: acercar la información, simplificar trámites y acompañar al ciudadano en todo el proceso. La rehabilitación es compleja: ayudas, requisitos técnicos, documentación, plazos. Por eso es tan importante contar con un punto de atención único que oriente a comunidades de propietarios, particulares y ayuntamientos. Su valor real es ese: reducen barreras, generan confianza y hacen que las ayudas lleguen de verdad a quien las necesita.

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-La directiva europea de eficiencia energética, que quedará traspuesta al ordenamiento nacional este año, obligará a acelerar la renovación del parque residencial y a contar con las etiquetas energéticas para vender o alquilar. ¿Cómo se debe explicar a los propietarios las nuevas exigencias energéticas sin alarmar y, al mismo tiempo, activar inversiones?

-El mensaje para los propietarios debe ser muy claro: esto no es para alarmar, es para anticiparse. La eficiencia energética no es una amenaza, es una oportunidad: ahorrar energía, revalorizar la vivienda y mejorar el confort. Y eso solo se hace si acompañamos con ayudas, asesoramiento y un calendario realista, para que las inversiones sean asumibles.

-¿Está preparado el parque de vivienda aragonés para ese salto de eficiencia energética que va a exigir Europa en los próximos años?

-Aragón parte de una situación similar a otras comunidades: un parque residencial envejecido, con muchas viviendas construidas antes de que existieran criterios exigentes de eficiencia energética. El reto es importante. Más que preguntarme si estamos preparados hoy, mi pregunta es: ¿cómo aceleramos esa transición en los próximos años? La clave está en impulsar la rehabilitación energética, facilitar ayudas y financiación, y convencer a los propietarios de que esto no es solo una exigencia europea: mejora el confort, reduce el consumo y mantiene el valor de la vivienda. El salto es exigente, pero también es una gran oportunidad para modernizar el parque residencial aragonés.

-El nuevo Plan Estatal de Vivienda exige cofinanciación autonómica del 40% a partir de 2027. ¿Está Aragón en condiciones presupuestarias de aportar su parte para no perder fondos estatales?

-Aragón ya ha hecho los deberes: tenemos en marcha el Plan Aragón Más Vivienda, a seis años, con 400 millones de inversión. Eso no es un proyecto de papel: es un plan real, con recursos propios y con resultados. Mi apuesta es clara: no partimos de cero. Aragón ya está poniendo dinero y liderando un esfuerzo inversor muy importante. Ahora bien, la cofinanciación autonómica del 40% que plantea el nuevo plan estatal supone un salto muy relevante: implica multiplicar por cinco el esfuerzo que el Gobierno de Aragón venía realizando con el plan anterior. Pero, gracias a que Aragón ya tiene un plan en marcha con resultados tangibles, podemos decir que nuestra comunidad está, a día de hoy, en una posición de partida muy sólida: con planificación, compromiso y una estrategia propia ya en marcha.

-¿Tiene Aragón cuantificado cuántas viviendas vacías podrían volver al mercado si se acompañara a los propietarios con ayudas a rehabilitación, garantías de cobro y seguridad jurídica?

-El principal problema es la falta de confianza para sacar viviendas al mercado. Y ahí la ley estatal de vivienda ha hecho mucho daño: en lugar de dar seguridad a los propietarios, ha generado más incertidumbre, más temor y menos incentivos para poner viviendas en alquiler. Si queremos recuperar vivienda vacía, lo primero es devolver seguridad jurídica, claridad normativa y confianza a quienes tienen una vivienda y hoy dudan en alquilarla. A partir de ahí, sí: hay que acompañar con ayudas a la rehabilitación, con garantías de cobro y con mecanismos que reduzcan el riesgo para el propietario. Pero sin seguridad jurídica no habrá movilización real del parque vacío. La experiencia está demostrando que cuando se penaliza al propietario, la vivienda no sale al mercado; cuando se le protege y se le da confianza, sí.

-Desde el departamento han defendido que la prioridad es construir vivienda pública de alquiler asequible. Pero, en una comunidad con mucho parque vacío o envejecido, ¿no debería ser igual de estratégico rehabilitar vivienda existente para ponerla en uso?

-No son políticas excluyentes, son complementarias. Esa es una de las líneas centrales del Plan Aragón Más Vivienda: no elegir entre construir o rehabilitar, sino hacer ambas cosas a la vez, según la realidad de cada territorio. En ese sentido, el Programa 700 ya está actuando precisamente sobre este problema: ayudando a los municipios a rehabilitar vivienda pública y a recuperar inmuebles que pueden volver a ser útiles para la ciudadanía.En Aragón hay muchos municipios que no necesitan solo suelo para construir, sino apoyo para recuperar lo que ya tienen. La rehabilitación es estratégica: permite poner en uso vivienda vacía o degradada, refuerza el parque público y ofrece una respuesta más rápida y adaptada al territorio. Es útil tanto en ciudades como en medio rural, y está completamente alineada con el Plan Aragón Más Vivienda.

-En el medio rural, muchas viviendas no se alquilan porque necesitan reformas importantes. ¿Puede la rehabilitación ser una política contra la despoblación tan importante como construir vivienda nueva?

-Sí, la rehabilitación puede ser una política contra la despoblación tan importante como la vivienda nueva. En el medio rural, rehabilitar permite recuperar casas vacías, activar economía local y hacer viable que familias y jóvenes encuentren una alternativa habitacional en su propio municipio.

-La rehabilitación también es actividad económica: constructoras, instaladores, arquitectos, aparejadores, administradores de fincas, fabricantes de ventanas, aislamiento, climatización... ¿Qué impacto económico y laboral espera el Gobierno de Aragón de las nuevas políticas de rehabilitación?

-La rehabilitación tiene un impacto económico muy alto porque moviliza a constructoras, instaladores, técnicos, arquitectos, administradores de fincas y a toda la cadena de suministro vinculada a la eficiencia energética. Además, distintas estimaciones públicas sobre rehabilitación energética apuntan a un efecto muy relevante sobre empleo e inversión, por lo que estas políticas no solo mejoran viviendas, sino que también fortalecen el tejido productivo aragonés.