Nuevo desfase en la A-68 entre El Burgo y Fuentes: el ministerio tramita un segundo sobrecoste de casi 11 millones

Las obras de la autovía A-68 entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro siguen acumulando sobrecostes y retrasos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tramita un segundo modificado del contrato por importe de 10,85 millones de euros, lo que eleva hasta 85,6 millones de euros la inversión pública en el desdoblamiento de este tramo de 18,7 kilómetros de la carretera N-232. Supone una desviación del 38% sobre el presupuesto inicial de la adjudicación, que fue de 62,1 millones (IVA incluido). Al mismo tiempo, la infraestructura se encamina a superar los cuatro años de retraso sobre el calendario previsto.

La actuación fue adjudicada en 2020 a la UTE Ebro A-68, integrada por la construcotra gallega Copasa y la catalana Comsa, que se hicieron con el contrato con una rebaja económica del 25%, El proyecto ya fue objeto de un primer modificado en 2023, que incrementó el presupuesto en algo más de 11 millones de euros. Ahora, el ministerio impulsa una segunda modificación del contrato, según han confirmado desde el departamento que dirige Óscar Puente a preguntas de este diario, lo que vuelve a elevar el coste de una infraestructura considerada estratégica para la conexión de Aragón con el Mediterráneo a través de Castel.

Desde el ministerio han detallado las razones que justifican esta nueva corrección del proyecto. El incremento responde, según explican, "fundamentalmente a necesidades técnicas surgidas durante la ejecución de la obra", entre las que citan mejoras de seguridad vial, adaptaciones a las condiciones climáticas y geotécnicas de la zona, reposición de servicios afectados y medidas de integración ambiental.

Sin fecha oficial de fin de obra

En concreto, según Transportes, el modificado incorpora plantaciones adicionales para compensar emisiones de CO₂, mejoras en caminos agrícolas, refuerzos del firme y nuevas mezclas bituminosas adaptadas a las altas temperaturas y a los contrastes térmicos, cimentaciones especiales por las características del terreno, reposición de servicios afectados —como fibra óptica, alumbrado o canalizaciones—, además de nuevas actuaciones de señalización, drenaje, cerramientos, protección de taludes y conservación de estructuras.

Lo que el ministerio sigue sin concretar es el calendario definitivo de una actuación que acumula ya un importante desfase respecto a las previsiones iniciales. El contrato fue adjudicado con un plazo de ejecución de 34 meses, por lo que este tramo de autovía debía haber entrado en servicio en el verano de 2023. Sin embargo, casi tres años después, esa fecha ya ha quedado ampliamente superada.

Aunque Transportes no facilita una previsión oficial de apertura, tanto fuentes locales como otros conocedoras del proyecto sitúan el horizonte más probable entre verano u otoño de 2027, por lo que la demora alcanzará los cuatro años. No hay certezas al respecto, solo la sensación de que no serán pocos meses ya que queda todavía un largo recorrido para completar la infraestructura.

Plataforma de alcaldes

A pie de obra, un operario dedicado a trabajos de encofrado, que lleva cuatro años participando en la construcción de este tramo, transmite una impresión similar. "No se ha llegado a parar, pero va despacito", explica. Sobre el tiempo que todavía resta para concluir los trabajos, de cuya vigilancia se encarga la empresa Aecom Inocsa, calcula que "queda entre un año o un año y medio". "Ahora todavía hay que levantar la carretera antigua y hacerla nueva", detalla. Si esas previsiones terminan confirmándose, la ejecución se prolongaría durante unos siete años años (80-84 meses), más del doble de los menos de tres años (34 meses) contemplados inicialmente.

La lenta evolución de la ansiada autovía hasta Alcañiz ha reactivado además las reivindicaciones de los ayuntamientos que integran la plataforma de afectados por la N-232, que reclama acelerar tanto este tramo como el resto de actuaciones pendientes hasta las Ventas de Valdealgorfa, en Teruel. Los alcaldes recuerdan que se trata de uno de los principales corredores industriales y logísticos de Aragón y consideran prioritario culminar una infraestructura largamente demandada tras años de retrasos, modificaciones contractuales e incrementos presupuestarios.

Justificación del sobrecoste

En paralelo, este diario ha tenido acceso a un escrito remitido recientemente a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en el que se cuestionan algunos de los cambios técnicos incorporados al segundo modificado. El documento sostiene que determinadas actuaciones podrían no resultar imprescindibles desde el punto de vista técnico y plantea dudas sobre su justificación. En concreto, pone el foco en aspectos como el cambio de determinadas mezclas bituminosas y del tipo de betún empleado en el firme, la instalación de mallas de protección anticonejos, el incremento del cerramiento longitudinal o la incorporación de nuevas partidas relacionadas con drenajes y elementos de seguridad vial.

El ministerio, por su parte, defiende -en la respuesta remitida a este diario- que todas las actuaciones incorporadas al modificado responden a necesidades detectadas durante la ejecución de la obra y a mejoras en materia de seguridad vial, adaptación técnica, integración ambiental y reposición de servicios afectados.

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