El convenio entre el Gobierno de Aragón y los registradores de la propiedad reduce de 4,5 a 1,3 millones de euros el coste a las arcas públicas

El nuevo convenio entre el Gobierno de Aragón y los registradores de la propiedad supondrá un importante ahorro a las arcas autonómicas y una mayor facilidad para llevar a cabo estas tramitaciones para el ciudadano, ya que se extenderá esta labor por más lugares del territorio. El acuerdo, anunciado este lunes en rueda de prensa por el consejero Roberto Bermúdez de Castro, firma un compromiso de 1,3 millones de euros, por los más de 4,5 millones que, según datos del Departamento de Hacienda, costaba en el anterior acuerdo.

Bermúdez de Castro ha destacado que el pacto se firma "en línea con lo que han hecho otras comunidades" y ha agradecido a la presidenta nacional de los registradores de la propiedad su implicación en una negociación "larga y dura" que concluye con un ahorro de casi tres millones de euros a la DGA. "Es un cambio importante hacia una gestión racional, moderna y coherente con las nuevas tecnologías", ha resumido el consejero, que ha destacado que la transformación se fundamenta en la presencia de las presentaciones telemáticas de las tramitaciones, "que suponen más del 80% y antes ni existían".

El también responsable Interior y Administración pública ha afirmado que este nuevo pacto "redefine el papel de los registradores de la propiedad" y señala que "dejarán de actuar como oficinas liquidadoras tradicionales", pero pasan a dar "asistencia al contribuyente". De esta manera, existirá "una red complementaria de apoyo al ciudadano". El cambio también se notará en la forma en la que los registradores cobrarán por su trabajo: "No van a cobrar en función de la cantidad liquidada, sino por presentar esa declaración, por tener una oficina o por compensación por las citas y asistencias".

El dirigente popular ha destacado que se aumentan el número de lugares en los que los ciudadanos podrán llevar a cabo estas declaraciones, ya que estarán disponibles también "las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón", además de las propias sedes de los registradores. A futuro, "la capilaridad" de esta red crecerá porque se incorporarán las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs).

"Esto es un paso adelante, que va a lograr una gestión mucho más eficiente", ha resumido Bermúdez de Castro, que ha insistido en que "no se va a perder ni una sola oficina en el territorio". La estimación de Hacienda es que "se tripliquen" el número de puntos de atención.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2025, formulada por la Intervención General, y ha autorizado su remisión a la Cámara de Cuentas de Aragón y a las Cortes de Aragón para su examen y aprobación definitiva.

El documento recoge el conjunto de la actividad económico-financiera de la Administración autonómica, sus organismos públicos y empresas durante el ejercicio e incluye todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería, en cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas ante los órganos de control.