El programa de movilidad Erasmus+ está en riesgo de desaparecer tras lo sucedido en el IES Ítaca de Zaragoza: "Hay profesores que ya han manifestado que no quieren participar"

La viabilidad del programa de movilidad Erasmus+ pende de un hilo y miles de estudiantes de Aragón no saben ahora mismo si podrán realizar estancias en el extranjero el próximo curso. ¿El motivo? La falta de un marco regulador y de cobertura jurídica para los docentes que participan en estas actividades extraescolares y que, en muchos casos, ya han manifestado no querer seguir ligados al programa tras lo sucedido con un alumno del IES Ítaca de Zaragoza, que falleció durante un viaje de estudios a Bélgica en 2022 y dos de sus profesores han acabado juzgados por la Audiencia Nacional.

"La situación ha generado una situación de incertidumbre, que afecta directamente a la continuidad del programa y pone en riesgo el desarrollo de las movilidades en los próximos cursos. Hay docentes que ya han dicho que no quieren hacer estos acompañamientos ni organizar actividades y es un momento crítico, porque ya estábamos preparando estancias y ahora no sabemos si van a salir adelante", señalan a este diario Carmen Saló y Pilar Casamian, ambas delegadas de la asamblea de coordinadores Erasmus+.

Este colectivo ha entregado este lunes en el registro del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza un comunicado en el que reclaman al Departamento de Educación que defina un marco regulardor "específico" para las movilidades del Eramus+, que garantice la cobertura jurídica del profesorado "ante cualquier incidencia" y que reconozca institucionalmente "la dedicación y carga de trabajo" asociadas a estos proyectos. El comunicado, además de muchos centros de Aragón, también lo firman otros de comunidades como Valencia o Cataluña, donde el problema de la falta de seguridad en las extraescolares también es latente.

"No pedimos que nos paguen más, pedimos seguridad y que los alumnos puedan seguir disfrutando de estos programas que son enriquecedores para ellos. El problema también es que estos programas te los conceden con fondos europeos y si no los desarrollas, te penalizan y a saber cuándo vuelves a optar a ellos", explican a este diario las docentes.

El programa Erasmus+ permite a los colegios de Infantil, Primaria y Secundaria realizar intercambios, estancias de larga duración para alumnos y formación en el extranjero para el profesorado. Para ello, los centros pueden solicitar fondos europeos para viajes y alojamiento a través de la Agencia Nacional (SEPIE) en España, pero ahora esta circunstancia está en el aire, sobre todo para los estudiantes a partir de 5º y 6º de Primaria, cuando se empiezan a realizar estancias en el extranjero, que se acrecentan en Secundaria. "Hay estudiantes que ya habían mostrado interés en alguna movilidad y estábamos incluso haciendo selección de alumnado, pero les hemos tenido que decir que hasta el 1 de septiembre no podremos decirles nada. El problema entonces es que igual ya es tarde para organizar todo", lamentan Saló y Casamian.

"Dedicación y esfuerzo"

Las docentes subrayan que, en muchos casos, estos proyectos implican "asumir responsabilidades que exceden" de las tareas ordinarias como es la organización de un viaje internacional, la coordinación con instituciones europeas o la gestión de indicencias fuera de España. "Los hacemos todo con buena voluntad y con el objetivo de enriquecer la formación académica, personal y social de los alumnos, pero ahora, tras lo sucedido en el IES Ítaca, es urgente una normativa", insisten. "Es algo que se hace con una dedicación absoluta, pero ahora hay profesores que tienen cierto miedo o respeto a verse implicados en una situación así", matizan.

Señalan, además, que tantos los estudiantes como sus familiares apoyan su reivindicación. "Los padres y madres son los primeros interesados en que sus hijos estén bien atendidos", señalan. "Lo que queremos es que Educación actúe ya, porque de momento no se ha hecho nada", insisten.

Normativa en elaboración

El balón, en estos momentos, sigue en el tejado del Departamento de Educación que dirige Carmen Susín. A principios de junio, desde la consejería ya informaron que comenzaban los trabajos para elaborar una normativa autonómica que regule el protocolo de organización y desarrollo de las actividades extraescolares con el objetivo de dotar a los centros educativos de un marco jurídico. La previsión de la Administración es presentar un primer borrador del material recabado para redactar la normativa este próximo mes de julio.

Educación está ahora recopilando la opinión de las organizaciones sindicales -que son quiénes llevarán a cabo la negociación-, de Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón), AEDI (la Asociación de equipos directivos de Infantil y Primaria), los Servicios Provinciales de Educación y a los tres jefes de Inspección.

En su normativa, la consejería presetará "especial atención" a las salidas con pernocta y se establecerán las condiciones de seguridad y mecanismos de cobertura jurídica ante cualquier suceso.

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