El temor a un nuevo colapso marca el final de la regularización extraordinaria de migrantes en Aragón

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes comenzó a mediados de abril con grandes filas antes las administraciones públicas, especialmente el Ayuntamiento de Zaragoza, para lograr los documentos que daban inicio al proceso. Ahora, a un día del final del plazo establecido por el Gobierno de España el retraso en la resolución de los expedientes (en Aragón se calcula que menos de un 20% de los solicitantes ha recibido la admisión a trámite) y la necesidad de pedir citas para un último trámite en la Policía Nacional amenazan con una nueva imagen de colapso burocrático.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, reconoce que en estas semanas se han presentado «más resoluciones» de las que se estimaban en un primer momento.Así, en la comunidad se calcula que 20.000 personas nacidas en el extranjero han iniciado el proceso cuando las estimaciones iniciales barajaban una cifra de 15.000. «Todas son personas que ya tenemos aquí viviendo y trabajando en la comunidad aragonesa», indica.

Pese al temor de abogados, entidades sociales y de los propios migrantes envueltos en el proceso de regulación, el delegado considera que la fase final también discurrirá con tranquilidad. «El proceso, con la salvedad de la primera semana o de los primeros diez días, ha transcurrido con toda la normalidad del mundo gracias al sistema de citas y a la atención presencial en las oficinas habilitadas en Aragón, tanto en las ciudades como en el entorno rural», ha señalado.

Para evitar en lo posible un nuevo colapso en estas últimas semanas ha crecido el número de entidades sociales colaboradoras en el proceso de regularización (sobre todo para tramitar los certificados de vulnerabilidad) y se considera que todas las personas que han tenido intención de presentar los papeles han podido hacerlo, así que por el momento no se contempla ninguna prórroga. La coordinadora del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes del (SAOJI) del Colegio de Abogados de Zaragoza, Mercedes Ramírez, comparte esta opinión.

«Se están recibiendo autorizaciones provisionales y esperamos que estos días el goteo sea más rápido», indica. Por el momento los permisos de trabajo y de residencia que se están entregando tienen fecha de caducidad, a falta de la revisión de toda la documentación.

El siguiente escollo al que se van a enfrentar los nuevos regularizados son las citas con las brigadas de Policía Nacional para realizar la toma de huellas necesaria para los documentos oficiales. Está por ver cómo se organizará el proceso en Aragón. «Hemos visto que en otras provincias la Oficina de Extranjería (UTEX) ha realizado una gestión directa de las citas para la toma de huellas en las comisarías. Es posible que en Zaragoza también se termine haciendo así», aventura Ramírez.

El delegado del Gobierno insiste en que el proceso pretende «ofrecer derechos y oportunidades a las personas que ya están viviendo en Aragón, que están recogiendo fruta, están acompañando a las personas mayores que necesitan atención permanente, trabajando en la entrega de paquetería a los domicilios o en puestos de trabajo en los sectores más demandantes como ha sido siempre la hostelería o la construcción». De este modo insiste en que no se tiene constancia de que se haya producido ningún tipo de «efecto llamada».

Más críticos con el desarrollo de este proceso se muestran en los bufetes de abogados que han colaborado directamente con los migrantes en la presentación de los documentos. «Están pasando las semanas y la gente está muy preocupada porque no tienen noticias del estado en el que están sus resoluciones», manifiesta el asistente jurídico de Leral Extranjería, Papa Ndao.

Expulsiones

En el despacho del barrio de Las Delicias la actividad estas últimas jornadas está siendo intensa. «Llegamos a recibir cien llamadas diarias preguntando sobre el proceso, pero nosotros no podemos decir nada porque calculamos que algunas resoluciones tardarán más de tres meses», lamenta. Sobre todo al evidenciar que las autorizaciones no están siguiendo un orden cronológico y que al mismo tiempo se han detectado casos de expulsiones de personas que habían iniciado los trámites.

Ndao, de origen senegalés y miembro del Movimiento Antirracista, denuncia también que ha faltado coordinación con los países de origen. De hecho, muchos migrantes en Aragón procedentes de países como Nigeria o Gambia no se han podido beneficiar de esta regulación extraordinaria porque no han podido lograr los certificados de antecedentes penales que son obligatorios para acceder al permiso de residencia. «Si la administración en España ya ha estado saturada, la relación con estos territorios sin consulados y con peores condiciones administrativas ha sido desastrosa», admite.

Finalmente las semanas de regularización extraordinaria también han discurrido con naturalidad en el aspecto penal, pese a que en el mes de abril había mucho miedo a las estafas o a que la gente se aprovechara de la situación. El principal temor era que las gestorías o en los locutorios se cobraran por documentos y trámites que son totalmente gratuitos. «Los abogados especializados en extranjería estamos muy habituados a este tipo de trabajo. El público y los usuarios extranjeros saben perfectamente a dónde tienen que acudir, por lo que la situación se ha ido desarrollando de forma natural sin que se detecten fraudes relevantes», indican desde el SAOJI.

La medida, aprobada por el Gobierno español mediante un real decreto, ha estado dirigida a personas migrantes que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que pueden acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses. No es la primera vez que se pone en marcha en España una regularización extraordinaria de inmigrantes; antes de esta ya se habían realizado seis. El primer proceso fue impulsado por Felipe González en 1986, y José María Aznar puso en marcha otros tres. La última regularización tuvo lugar en 2005, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, y permitió regularizar en aquella ocasión la situación legal de 576.506 personas.

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