Los educadores sociales de Aragón denuncian las declaraciones "estigmatizantes" de Nolasco hacia los menores migrantes

Las declaraciones y comunicados oficiales emitidos por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, a través de cauces oficiales e institucionales de comunicación vinculando a los menores migrantes con la delincuencia, siguen despertando las críticas de distintos sectores. Este martes ha sido el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) quien a través de un comunicado ha trasladado su "más profunda preocupación" y su "firme rechazo" a estas declaraciones "en las que se difunden datos que además de carecer de rigor, aumentan el malestar hacia estos chicos y chicas en nuestra sociedad".

En el comunciasdo, recuerdan que "las palabras de un representante público no son inocuas". "Cuando desde una institución se generaliza sobre un colectivo especialmente vulnerable y se proyecta sobre él una imagen de amenaza, se alimentan el miedo, el rechazo social y los discursos de odio, dificultando gravemente los procesos de inclusión y convivencia que diariamente se construyen desde los servicios sociales, el sistema de protección y la comunidad", expresan.

La actitud y declaraciones del vicepresidente ya fueron denunciadas por la Asociación de Periodistas de Aragón, que ha solicitado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una valoración sobre los comunicados institucionales difundidos por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón relacionados también con migración y colectivos vulnerables.

"Es una grave irresponsabilidad institucional"

Los educadores sociales recuerdan que conocen "de primera mano la realidad de estos niños, niñas y adolescentes". "Trabajamos con personas que han vivido procesos migratorios extremadamente duros, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas. Reducir esta realidad a estereotipos o presentar casos concretos como si definieran a todo un colectivo constituye una grave irresponsabilidad institucional".

Los educadores sociales reconocen que, "como ocurre con cualquier grupo de población, pueden existir situaciones complejas que requieran respuestas educativas, sociales, sanitarias y, cuando corresponda, judiciales". Pero denuncian con rotundidad que estas situaciones se "utilicen" para "para construir un relato que criminaliza a toda una infancia". Algo que, insisten, "vulnera los principios de protección de la infancia, dificulta la intervención profesional y erosiona la cohesión social". Y recalcan que "la evidencia profesional demuestra que la inmensa mayoría de los menores atendidos en el sistema de protección participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento, estabilidad y oportunidades". E inciden en que es "especialmente preocupante" que estos mensajes procedan de quien tiene, precisamente, las responsabilidades directas en la política de infancia en Aragón. "Las instituciones tienen el deber de promover discursos responsables, basados en datos y en el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier narrativa que fomente el estigma o la discriminación", recuerdan.

Sin embargo, las palabras del vicepresidente Nolasco, y los comunicados oficiales, no son solo cosa del líder de Vox en la comunidad, puesto que fueron respaldados por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el último pleno de las Cortes de Aragón. Azcón aseguró que la DGA "no va a mirar a otro lado ni a ocultar la verdad" relacionada con los posibles conflictos que se puedan dar en los centros de menores y avanzó que "no habrá grietas" en el Ejecutivo autonómico al abordar este tema.

Apoyo a los trabajadores de los centros de menores

Por último desde el Colegio de Educadores sociales de Aragón reiteran su "respaldo" a los profesionales y los equipos educativos "que desarrollan diariamente una labor compleja y altamente especializada en los recursos de protección de menores". "Su trabajo constituye una pieza esencial del sistema de garantía de derechos y merece reconocimiento institucional, no discursos que dificulten su intervención y pongan en cuestión la convivencia", han defendido.

Además, han recordado que "todos los niños, niñas y adolescentes, con independencia de su origen o situación administrativa, son sujetos de derechos conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la legislación española en materia de protección a la infancia". Por eso, reclaman a los responsables públicos ejercer un "liderazgo institucional responsable, basado en el rigor, la protección de la infancia y el respeto hacia los y las profesionales que trabajan diariamente con estos jóvenes". "La construcción de una sociedad más segura nunca será compatible con la estigmatización de quienes más protección necesitan. La seguridad y la convivencia se construyen desde la educación, los derechos, el acompañamiento profesional y las políticas públicas responsables", concluyen.