El Gobierno de Aragón vuelve a pedir al Supremo la "paralización cautelar" de la regularización de inmigrantes

El Gobierno de Aragón se ha ratificado en su petición al Tribunal Supremo para que analice la posible colisión jurídica del proceso administrativo de la regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España con la legislación europea. Así lo ha trasladado en el periodo de alegaciones del Alto Tribunal después de que este aceptara inicialmente la petición del Ejecutivo aragonés de analizar la cuestión. La DGA solicita tambiéwn la "paralización cautelar" del procedimiento administrativo de la regularización de inmigrantes hasta que se compruebe si colisiona o no con la jurisdicción europea.

La vicepresidenta Mar Vaquero y el director general de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo aragonés, Juan Pérez Mas, han comparecido en rueda de prensa para explicar las alegaciones al Supremo, mientras desde la Delegación del Gobierno de España inciden en la legalidad de la medida y han querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los casi 34.000 inmigrantes que han presentado su solicitud de regularización en Aragón.

Desde el Gobierno aragonés inciden en que el proceso genera "inseguridad jurídica". "Querríamos que en esta suspensión cautelar, si se lleva a cabo, la reversibilidad de la medida fuera absoluta", ha pedido Vaquero, es decir, "que se paralizaran las solicitudes a favor porque se podría generar una gran inseguridad jurídica". "La paralización cautelar impediría avanzar en unas resoluciones de dudosa legalidad, que podrían consolidar situaciones con claras repercusiones en los intereses de todos los aragoneses en el ámbito social, económico, sanitario y de vivienda y lo que se debería hacer sería aplazarlo en el tiempo", ha demandado Vaquero.

Tal y como se recoge en las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo por parte del Gobierno de Aragón, defienden que "cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar".

Para Mar Vaquero, el Gobierno de Aragón "tiene la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad" y, cuando considera que una norma puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad, "nuestra obligación es actuar". "Defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico, porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho", ha afirmado, ya que con este procedimiento de regularización "percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias".

La vicepresidenta también ha subrayado que el cumplimiento de la ley "nunca puede ser una cuestión secundaria". "Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España", lo que supone, a su parecer, "poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles".

Procedimiento

La decisión se enmarca en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón contra el citado Real Decreto, previa autorización del Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 22 de abril, cuando el Ejecutivo se encontraba todavía en funciones. En dicho acuerdo se solicitó expresamente la suspensión cautelar de la norma al apreciar, principalmente, una posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

La providencia ahora dictada ha concedido audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado, para que se pronuncien sobre la eventual vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Real Decreto impugnado. Este trámite constituye un requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda plantear, en su caso, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que ello suponga todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

El Gobierno de España defiende la legalidad

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán ha criticado las alegaciones del Gobierno de Aragón. "El señor Azcón tendrá que explicar a empresarios y sindicatos por qué boicotea una medida que llevan años reclamando. Y a los aragoneses, por qué su obsesión contra el Gobierno de Sánchez pesa más que los beneficios socioeconómicos que la regularización traerá a nuestra tierra", ha expresado, al tiempo que desde el ministerio se ha señalado que también se presentarán alegaciones al recurso de Aragón.

Estas fuentes recuerdan que el texto del proceso de regularización cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y cumple con el ordenamiento jurídico español y europeo. Según han recordado, el Supremo "ya desestimó en mayo adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad".

Por ello, insisten en el mensaje de "tranquilidad". "La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario", recalcan. Y recuerdan que la regularización "otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español".