Aragón descarta declarar zonas tensionadas e intervenir en los precios de la vivienda

"En Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”. Así de contundente se ha expresado este martes el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, para comunicar que el Consejo de Gobierno ha acordado rechazar la tramitación de procedimientos para esta declaración.

El consejero ha manifestado que “la decisión se fundamenta en el pleno ejercicio de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de vivienda, avaladas por el Tribunal Constitucional, así como en los informes y datos prácticos que demuestran los efectos perjudiciales que el control de precios de alquiler ha generado en los territorios donde se aplica”.

El acuerdo se sustenta en que el Estado carece de competencias para imponer la aplicación de las ZMRT y en que el artículo 71.10ª del Estatuto de Autonomía otorga a Aragón la competencia exclusiva en materia de vivienda. Esta facultad queda refrendada por el artículo 18.1 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, el cual determina que las Administraciones competentes "podrán" declarar dichas zonas.

López ha recordado que esta naturaleza opcional y voluntaria fue ratificada por el TC en su Sentencia 79/2024, de 21 de mayo de 2024, aclarando que aquellas comunidades autónomas que decidan no aplicar esta figura no estarán incumpliendo la ley, sino ejerciendo una facultad potestativa. "El Gobierno de Aragón defiende que la limitación de las rentas a la propiedad privada constituye un sistema expropiatorio parcial sin indemnización que traslada a los particulares una carga que corresponde constitucionalmente a los poderes públicos”, ha indicado.

“No vamos a aplicar Zonas de Mercado Residencial Tensionado porque tenemos una alternativa más efectiva consistente en el incremento de la oferta en los 43 municipios más turísticos de Aragón, para que los trabajadores del sector dispongan de 488 viviendas de alquiler asequible con una inversión de 80 millones de euros para solucionar el problema de la vivienda en esas zonas, sin distorsionar el mercado y sin aplicar recetas que perjudican a propietarios e inquilinos, mediante la reducción de la oferta y la subida aún mayor de los precios”, ha concluido López.

El caso de Cataluña

Para evaluar la eficacia de la medida, el Gobierno de Aragón ha tomado como referencia el caso de Cataluña, territorio donde el control de rentas se aplica desde marzo de 2024. A partir del Informe sobre la conveniencia de introducir un sistema de control de renta de los alquileres residenciales en las Islas Baleares, elaborado por los expertos Sergio Nasarre y Santiago Ariste para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, "se constatan graves efectos contraproducentes" de la aplicación de las ZMRT en Cataluña, según ha indicado el Gobierno de Aragón.

En este sentido, detallan que ha habido una "reducción severa de la oferta", porque "se ha registrado un descenso significativo en el número de contratos de alquiler residencial ordinario formalizados tras la entrada en vigor de la medida". También apuntan a una "evolución alcista de los precios" por metro cuadrado, así como "fuga de la oferta hacia otros mercados".

El estudio al que hacer referencia la DGA también constata "una reducción del tamaño medio de las viviendas disponibles y se advierte de un riesgo de deterioro de los inmuebles" por la falta de inversión en su conservación a medio y largo plazo, así como el denominado ‘efecto frontera’: la caída de la oferta en los municipios regulados ha disparado la demanda y ha encarecido artificialmente los precios en los municipios limítrofes no restringidos.