El "agujero negro" de la vivienda lastra el crecimiento de Aragón, que gana músculo gracias a la inmigración

El "agujero negro" de la vivienda amenaza con convertirse en el principal freno al crecimiento de Aragón. Ese es el diagnóstico que lanza el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), que este jueves presentó su informe sobre la situación económica, laboral y social de la comunidad en 2025. El documento dibuja una comunidad que mantiene un crecimiento superior a la media española, alcanza cifras récord de inversión extranjera y consolida uno de los mercados laborales más sólidos del país, pero advierte de que la escalada de los precios del mercado inmobiliario lastra ese ciclo expansivo y extender un malestar social que "no encaja" con los buenos indicadores económicos.

La otra gran conclusión del informe es que el crecimiento demográfico y económico de Aragón ya no puede entenderse sin la inmigración. El CESA sostiene que la llegada de población extranjera ha sido decisiva para sostener el empleo, compensar el envejecimiento de la población y responder a la falta de mano de obra que denuncian las empresas, al tiempo que rechaza asociar ese fenómeno con un deterioro de la calidad de vida.

"La vivienda hoy es un agujero negro que debilita mucho ese crecimiento económico", resumió el presidente del CESA, Juan García Blasco, durante la presentación del informe, que el pleno del consejo ha aprobado por unanimidad. A su juicio, el encarecimiento del acceso tanto a la compra como al alquiler, unido al aumento del coste de la vida, está provocando que los beneficios del crecimiento económico lleguen con menor intensidad a muchos hogares. "Hay que actuar; es necesario un compromiso de todos los responsables públicos en materia de vivienda", reclamó. La futura ley aragonesa de vivienda puede convertirse, recalcó, en “una oportunidad” para paliar el problema.

Un gran cuello de botella

El informe sostiene que Aragón volvió a mostrar una notable capacidad de resistencia en 2025. El PIB aumentó alrededor de un 3%, por encima del conjunto de España y el doble que la eurozona, en un ejercicio marcado por la incertidumbre geopolítica, la guerra comercial y las dificultades de algunos sectores estratégicos. Aun así, la comunidad registró un máximo histórico de inversión extranjera directa, cercana a los 3.400 millones de euros, mientras el empleo encadenó su quinto año consecutivo de crecimiento y el paro descendió hasta el 8%, dos puntos y medio por debajo de la media nacional.

El propio CESA subraya que estos resultados adquieren mayor valor porque se producen en un contexto especialmente complejo para sectores clave como la automoción, la agroalimentación, las energías renovables o la logística, todos ellos considerados estratégicos para el futuro de Aragón. El órgano destaca, por ejemplo, que la transformación de la automoción sitúa a la comunidad en una posición privilegiada gracias a la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL, mientras la logística continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del valle del Ebro.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Económica del CESA, Ana Yetano, destacó que la economía aragonesa mantiene fortalezas en ámbitos como la construcción, la logística o los servicios, aunque reclamó aprovechar la llegada de los grandes centros de datos para crear un auténtico ecosistema tecnológico. "No solo debemos alojar infraestructuras de datos; tenemos que conseguir que eso permita atraer talento, generar empresas tecnológicas y modernizar nuestro tejido empresarial", defendió. También reclamó reforzar la red eléctrica, mejorar las interconexiones con Francia y acelerar inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias.

La vivienda, el gran freno

Sin embargo, el CESA considera que el principal cuello de botella del crecimiento aragonés ya no está en la economía productiva, sino en el acceso a la vivienda. El informe explica que la fortaleza del mercado laboral, el aumento de la población y unas condiciones financieras más favorables han disparado la demanda, mientras la oferta continúa siendo claramente insuficiente debido al incremento de los costes de construcción, la escasez de suelo y la lentitud administrativa para desarrollar nuevas promociones. El resultado es un fuerte desequilibrio que elevó el precio de la vivienda un 12% durante 2025, muy por encima de la evolución de los salarios.

La situación afecta especialmente a jóvenes e inmigrantes. El órgano consultivo recuerda que un aragonés de entre 18 y 25 años tendría que destinar el 61% de los ingresos familiares para acceder a una vivienda en propiedad, mientras que entre los jóvenes de 26 a 35 años ese esfuerzo alcanza el 28%. Aunque la tasa de emancipación ha mejorado hasta el 19,6%, sigue muy alejada de la registrada en otros países europeos. El consejo advierte incluso de que esta dificultad para emanciparse puede terminar repercutiendo en la natalidad, la formación o la igualdad de género y contribuir a generar una percepción de frustración social que no se corresponde con la evolución positiva de la economía.

Por ello, el CESA reclama una estrategia integral que combine vivienda social y asequible, agilice la tramitación urbanística, impulse la industrialización de la construcción, fomente la colaboración público-privada y reactive la futura ley aragonesa de vivienda.

Una comunidad que depende de la inmigración

La otra gran reflexión del informe gira alrededor de la inmigración. Frente a discursos políticos de la extrema derecha que la presentan como un problema, el CESA sostiene que constituye uno de los principales factores que explican la bonanza de la comunidad. "El crecimiento económico de Aragón no es explicable sin esta aportación", afirmó García Blasco. El presidente recordó que el 17,6% de la población activa ya es extranjera, que casi el 15% de los habitantes de la comunidad proceden de otros países y que uno de cada cinco alumnos de Primaria tiene origen extranjero. "Hoy por hoy, la forma más eficaz de compensar la falta de natalidad es a través de la inmigración", afirmó.

Las cifras sustentan esa afirmación. Mientras la ocupación entre la población extranjera aumentó en 10.400 personas durante 2025, el número de ocupados españoles descendió en 4.300 debido, principalmente, al incremento de las jubilaciones. Para el CESA, la incorporación de trabajadores inmigrantes ha permitido responder al crecimiento del empleo y aliviar uno de los principales problemas que manifiestan las empresas: la dificultad para cubrir vacantes.

Además, desde el consejo destacan que esta incorporación de población extranjera se está produciendo sin deteriorar los indicadores sociales. Aragón mantiene niveles de renta superiores a la media española, una desigualdad claramente inferior al conjunto del país y menores tasas de pobreza y exclusión social. Por ello, insisten en superar una visión exclusivamente laboral de la inmigración y apostar por políticas coordinadas de integración, acogida, formación y atracción de perfiles cualificados.

Ese planteamiento contrasta con el discurso que mantiene Vox, socio del PP en el Gobierno de Aragón y muy crítico con las políticas migratorias, aunque el informe ha sido aprobado por unanimidad en un órgano integrado por representantes de las patronales, los sindicatos y el propio Ejecutivo autonómico.

Tecnología, medio rural y diálogo social

Junto a la vivienda y la inmigración, el CESA identifica otros dos grandes retos para consolidar el crecimiento. Por un lado, alerta de las brechas digitales existentes entre empresas, territorios y niveles de renta, así como de la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial mediante la negociación colectiva.

Por otro, reivindica una nueva mirada sobre el medio rural, alejándose de una visión centrada exclusivamente en la despoblación. El informe sostiene que muchas comarcas aragonesas presentan una notable capacidad para generar actividad económica y empleo y reclama políticas adaptadas a las características específicas de cada territorio, en lugar de soluciones homogéneas.

Defensa del diálogo social

El informe también reivindica el diálogo social como una de las principales fortalezas institucionales de Aragón y como un elemento diferencial para atraer inversiones y mantener la paz social. "Es fundamental en nuestra comunidad autónoma. El clima de paz social actúa como una seña de identidad y es un atractivo de primer orden para atraer iniciativas creadoras de empleo", defendió García Blasco, quien pidió conservar "plenamente activos" los instrumentos de participación entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Ese llamamiento llega en un momento en el que la financiación destinada al diálogo social por parte del Gobierno de Aragón ha sido objeto de recortes impulsados por Vox, formación que ha cuestionado el papel de las organizaciones empresariales y sindicales en este ámbito.

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