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Tribunales

Azcón acata el rechazo del Supremo a elevar a la justicia europea la regularización de migrantes pero cree que "las cosas deberían estar haciéndose mucho mejor"

El presidente del Gobierno de Aragón recuerda que todavía está por conocerse la sentencia del Alto Tribunal y considera que el proceso "está generando problemas que deberían haberse evitado"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su visita al CEE Jean Piaget este jueves.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su visita al CEE Jean Piaget este jueves. / Fabián Simón

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Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que respetará la decisión del Tribunal Supremo de no llevar a la justicia europea la regularización extraordinaria de migrantes que solicitó la comunidad. El líder del Ejecutivo aragonés ha puesto en valor el poder judicial, que ha calificado de "baluarte fundamental de la libertad de todos", y ha insistido en que no cuestionará el trabajo de los jueces.

Pero este primer rechazo del Supremo a elevar la regularización extraordinaria de migrantes a la justicia europea no ha cambiado la opinión de Azcón sobre el proceso, que considera que "está generando problemas que deberían haberse evitado". Así lo ha expresado este jueves en su visita al CEE Jean Piaget, donde también ha defendido que la Comisión Europea comparte la consideración de que "las cosas deberían estar haciéndose mucho mejor de lo que se están haciendo" y ha recordado que "todavía está por conocer lo que es la sentencia" del Alto Tribunal.

El Gobierno de Aragón (y la Generalitat Valenciana) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto del 14 de abril por el que se aprobó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y solicitó medidas cautelares para suspenderlo alegando su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo ha rechazado esta solicitud siguiendo así la estela del auto que emitió a finales de mayo, cuando ya descartó las medidas cautelares que solicitaron Vox y la Comunidad de Madrid para suspender el proceso y paralizar también la emisión de permisos temporales de residencia y empleo.

En ambas ocasiones ha apelado a los mismos motivos, que entre otros argumentos se basan en que en una suspensión cautelar"resultarían afectados intereses de terceros", dado que "la suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa". El Supremo tendrá que resolver sobre el fondo de los recursos.

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