La causa de la regidora de Mosqueruela suma investigados y otro delito según Teruel Existe
La investigación comenzó por una denuncia presentada por Teruel Existe sobre la contratación de la consultora Munigest (STAL) para prestar asistencia en la gestión de los tributos derivados de la implantación del proyecto eólico clúster Maestrazgo

Un momento del proceso judicial a la alcaldesa de Mosqueruela. / Teruel Existe

El procedimiento judicial abierto contra la alcaldesa de Mosqueruela (Teruel), Alba Lucea, por la contratación de una consultora vinculada a la gestión tributaria del proyecto clúster Maestrazgo suma nuevos investigados y un presunto delito de tráfico de influencias al de prevaricación que ya se analizaba, según ha informado Teruel Existe.
Así lo ha indicado la formación en una nota de prensa en la que señala que la investigación contra la dirigente socialista continúa con nuevas diligencias, que se practicaron el 7 de julio en el juzgado que instruye la causa.
Entre las personas que prestaron declaración figuran el administrador de la consultora Munigest, Ignacio Sáez Pontones, así como varios responsables y antiguos directivos relacionados con Forestalia. De acuerdo con la formación política, Sáez Pontones ha pasado a tener la condición de investigado en el procedimiento.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el concejal de Teruel Existe en Mosqueruela, Joaquín Gargallo, sobre la contratación de la consultora Munigest, posteriormente denominada STAL, para prestar asistencia en la gestión de los tributos derivados de la implantación del proyecto eólico Clúster Maestrazgo.
El contrato fue declarado nulo y la consultora mantiene una reclamación económica contra el ayuntamiento, ha recordado Teruel Existe. Tras las declaraciones judiciales, la formación sostiene que se ha constatado la existencia de contactos entre representantes del ayuntamiento y Forestalia durante la tramitación del proyecto; y afirma además que considera necesario ampliar la investigación para esclarecer la relación entre ambas partes y la documentación aportada al juzgado.
Por su parte, la letrada de la acusación particular ha considerado que la causa debe continuar porque, a su juicio, todavía falta documentación por incorporar. Mientras, las defensas de los investigados han solicitado el cierre de la instrucción.
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