El Gobierno de Aragón lanza su primera ley de "prioridad nacional" sin aclarar si reducirá los beneficiarios

El Gobierno de Aragón lanzará su primer proyecto legislativo en base a la "prioridad nacional" con la reforma de la ley que rige los términos para acceder a la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (Pacimv). El Ejecutivo de PP y Vox endurecerá la concesión de estas ayudas a la renta básica a los migrantes, que deberán demostrar "arraigo" y "una permanencia acreditada y que haya contribuido al sistema", según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), en una rueda de prensa en la que no ha aclarado si a día de hoy hay algún migrante en situación irregular que cobre alguna ayuda de este tipo.

La nueva legislación servirá para endurecer las condiciones para la prestación aragonesa, que, desde su creación en el año 2021 (cuando gobernaba el cuatripartito liderado por Javier Lambán), exige la residencia efectiva, es decir, llevar un año empadronado en Aragón.

Según ha explicado Nolasco, ahora se exigirá también la residencia legal y continuada en el territorio aragonés, una fórmula que también exige el Gobierno central para conceder el Ingreso Mínimo Vital. Además, el portavoz de Vox ha asegurado que se vincularán las ayudas "a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a la trayectoria de cotización a la Seguridad Social, con una permanencia acreditada y que haya contribuido al sistema". La forma en la que la legislación articulará las intenciones del Gobierno todavía no está clara y se concretará conforme avance la redacción de la reforma de la norma.

Sin embargo, el vicepresidente Nolasco, que ha justificado la medida en "acabar con el disparate" de "dar paguitas a los inmigrantes ilegales", no ha aclarado si habrá una reducción significativa del número de beneficiarios de esta prestación. Aunque se ha comprometido a ofrecer la información "en unos días", la rueda de prensa ha finalizado sin conocer si hay migrantes en situación irregular que perciben las citadas ayudas o si no los hay a día de hoy.

El portavoz de la ultraderecha en el Ejecutivo aragonés ha cifrado en 1.100 las personas "inmigrantes" que perciben una renta básica social en Aragón, lo que supondría en torno a una décima parte de los casi 12.000 individuos que, en total, reciben una ayuda sobre la que impactará el anteproyecto de ley, según los últimos datos publicados en enero por el propio Gobierno de Aragón. Desde Vox niegan esa cifra y aseguran que un 25% de los perceptores son de origen extranjero, sin especificar si se hallan o no en situación de irregularidad.

La medida impactará a la ayuda que complementa el IMV y a la prestación de renta básica destinada a las personas que no cumplen los requisitos del citado Ingreso Mínimo Vital (el antiguo Ingreso Aragonés de Inserción), una ayuda que reparte el Estado y de la que se benefician 62.182 personas a través de 19.520 prestaciones en Aragón. De los titulares de estas ayudas, un 30% son de origen extranjero en Aragón, mientras que en el conjunto de España el porcentaje se reduce a un 17%.

El vicepresidente ha insistido en que "de los más de 1.100 inmigrantes que actualmente se benefician en Aragón de este salarios públicos, más de la mitad lo llevan cobrando desde hace cuatro años o más", de modo que "se favorece agarrarse a la subsidiación de la inmigración de forma prolongada e incluso indefinida". Según ha citado Nolasco, todas esas personas tienen derecho "a un sueldo público que roza los 1.000 euros al mes", pasando a citar que hay "decenas de miles de viudas de más de 60 años" que "cobran 100 euros menos" y, a continuación, que los enfermos de ELA podrían utilizar ese dinero. "No es la cantidad, sino la calidad", ha llegado a decir el vicepresidente del Gobierno de Aragón.