Sociólogos de la Universidad de Zaragoza alertan de que la implantación de centros de datos en Aragón se ha hecho "sin debate público"

Un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza ha elaborado un reciente estudio en el que se alerta de la implantación de centros de datos en Aragón y de que se ha realizado "en ausencia de un debate público", en especial sobre los futuros efectos medioambientales de esta industria. El análisis, que compara la llegada de otros grandes proyectos industriales como la central térmica de Andorra o las fábricas de Delphi en la provincia de Zaragoza con los recientes anuncios milmillonarios de los centros de datos, señala también la forma de las empresas de implantarse en el territorio o el papel de los sindicatos en las condiciones laborales de los futuros trabajadores.

El estudio, elaborado por Gisci, de la Universidad de Zaragoza, y el centro de investigación aplicada Notus, en el marco de un programa europeo, se titula Cambio estructural en España: una perspectiva histórica y un estudio de caso de AWS en Aragón. Las conclusiones sobre "la territorialización de las infraestructuras digitales globales", como se llama a la llegada de estas inversiones, destacan que hay "demandas específicas" en su arraigo que apenas se han abordado: "La materalidad de la nube convierte a los territorios en competidores por atraer inversiones que, paradójicamente, requieren un uso intensivo de recursos locales, pero generan empleo directo limitado".

Consultado por este diario, Pablo Sanz, director del estudio, destaca sobre este punto que los centros de datos son expresión del "capitalismo de plataformas", que se centra en "la extración y uso de datos". Reconoce Sanz que estas inversiones "aportan beneficios económicos", pero lamenta que también "pueden generar riesgos ecológicos". Una userte de paradoja que, citando al sociólogo Ulricj Beck, presenta "una serie de particularidades que complejizan" el estudio del desembarco de estas estructuras, que lo han hecho por decenas en Aragón en el último lustro. Sanz destaca que hay que tener "saber científico" para comprender del todo el asunto.

El papel de la política

Las conclusiones del estudio señalan la utilización del PIGA (Proyecto de Interés General Autonómico) para agilizar la instalación de estos centros de datos: "Prioriza la agilidad administrativa frente a la participación local". "La apuesta del gobierno autonómico por estas infraestructuras se ha desarrollado en ausencia de un debate público en torno a sus efectos ambientales", insiste Sanz en conversación con este diario, que considera que solo algunas asociaciones ecologistas, ni la prensa ni otros colectivos, "han cuestionado las estimaciones oficiales sobre los efectos económicos y los riesgos ambientales".

"La dirección general del cambio puede caracterizarse como una adaptación institucional con límites. Las instituciones aragonesas de diálogo social han mostrado capacidad para absorber el nuevo sector sin transformaciones estructurales", insiste el estudio en el que participan siete sociólogos, que destacan "los canales estables y la cultura de consenso" para llevar a buen puerto las negociaciones, de las que señalan "los recursos institucionales preexistentes" para materializar estos proyectos. Sin embargo, señalan que esas decisiones, como la aplicación del PIGA, también "limitan el margen para la negociación integradora posterior" para otros colectivos, sindicatos o empresas del territorio vinculadas al sector.

Sanz dedica parte de su análisis, también, a los sindicatos y al propio AWS. De los primeros reconoce que fueron capaces de "garantizar condiciones laborales de calidad", al incluirse en el convenio del metal, uno de los mejores sectoriales. Pero les afea "no posicionarse en los debates relativos a los efectos ambientales": "A nivel confederal adoptan orientaciones que intentan compatibilizar las nociones de justicia social y justicia medioambiental, tienen dificultades a nivel territorial y sectorial para defender posiciones netamente ecologistas".

Y, sobre la empresa, lamentan que se recurre a "una táctica habitual en el contexto de la globalización" como es "amenazar con trasladar las inversiones a otras zonas". "La particularidad de esta estrategia es que la amenaza afecta a inversiones y beneficios aún no concretados y que, por tanto, sólo se conocerán en el futuro", sentencia Sanz.

"Por último, son esenciales los mecanismos de seguimiento de los compromisos de empleo: la brecha entre las cifras de empleo anunciadas y los resultados verificados sugiere que los futuros marcos de política pública deberían incorporar un seguimiento sistemático de las promesas de empleo como condición para la facilitación pública de proyectos de inversión", alertan los analistas de la Universidad de Zaragoza sobre el impacto real en puestos de trabajo.

En un primer apartado, que se centra en la evolución de la economía española, se estudia todo el desarrollo social desde el inicio del franquismo hasta la actualidad, pasando por sectores como la automoción, el sector de los cuidados o la energía. Aquí incluye la llegada de Amazon Web Services a Aragón, además de la implantación de la central de Andorra y su impacto social en Teruel o la llegada y marcha de la industria automovilística de Delphi.

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