Hacienda mantiene la propuesta de financiación que dejaría 630 millones más para Aragón

El Ministerio de Hacienda trasladó este viernes a las comunidades autónomas el detalle de la reforma del modelo de financiación autonómica que pretende aprobar el Gobierno de España antes de que acabe la legislatura. Pero después de quince años con un sistema de financiación caducado, que ningún Ejecutivo ha conseguido cambiar hasta ahora, las condiciones de fragmentación parlamentaria y de falta de apoyos para el Gobierno central no parecen ser las más halagüeñas para sacar adelante una reforma del modelo que rige el reparto de fondos entre todas las comunidades del régimen común, todas, salvo el País Vasco y Navarra.

El documento trasladado a las comunidades autónomas no recoge ningún cambio respecto de la prolija propuesta que diseñó el equipo de la exvicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que ahora ha hecho suya su sucesor, Arcadi España.

En el caso de Aragón, la propuesta supondría incrementar los ingresos en 630 millones de euros extra anuales, lo que situaría a la comunidad en la séptima posición de las que más crece en términos absolutos, por detrás de Andalucía (4.846 millones), Cataluña (4.686), Comunidad Valenciana (3.669), Comunidad de Madrid (2.555 millones), Castilla-La Mancha (1.248 millones) y Murcia (1.188 millones). Por debajo quedarían Canarias (611 millones), Galicia (587 millones), Baleares (412 millones), Castilla y León (271 millones), Asturias (248 millones), La Rioja (25 millones) y Extremadura y Cantabria, que reciben un fondo específico del Estado para no salir perdiendo con el nuevo modelo y mantener su statu quo, esto es, sus recursos actuales.

Sin embargo, el ministerio no ha facilitado por ahora los datos de cuánto crecen, en términos relativos, cada comunidad. Y es que desde el Gobierno de Aragón denuncian precisamente que, con este nuevo modelo, Aragón pierde peso en el conjunto de España.

La propuesta del ministro Arcadi España se basa, principalmente, en un aumento global de los recursos de 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente, lo que eleva el aporte a las comunidades hasta los 224.500 millones de euros en total. Por eso, el ministro ha insistido en que "no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y que garantiza más recursos para los servicios públicos y el Estado del bienestar". Con todo, según trasladaron fuentes del ministerio, el ministro entiende que hay "margen para negociar" con las comunides autónomas y "mantiene su mano tendida" para "debatir" este borrador.

La propuesta no habla de "despoblación" ni de sobreenvejecimiento

El modelo que plantea el Ministerio de Hacienda sigue sin recoger un apartado específico de "despoblación", como ha venido reclamando el Gobierno de Aragón y los distintos partidos. Pero sí que recoge nuevas técnicas de contabilización de la población que aspiran a representar el peso que la despoblación tiene en el coste de los servicios públicos. Por eso, en la propuesta técnica del ministerio, Aragón está representada con 107.000 habitantes más de los que cuenta en realidad.

Esto se consigue a través de las variables correctoras. Por un lado, la población padrón mantiene el mayor peso en el nuevo sistema de financiación (del 30%), ya que es el principal criterio de reparto, lo que beneficia a las comunidades más pobladas.

En el caso de la población protegida equivalente, se pretende representar el gasto sanitario, y se le otorga un peso del 38%. Aquí se introduce una variable de edad que pretende representar el envejecimiento, pero deja fuera de la propuesta el peso específico del sobreenvejecimiento (la proporción de los mayores de 85 respecto al total de la población), como reclamaba Aragón. En el planteamiento del ministerio, se mantienen los 20 grupos de edad (13 más que en el sistema anterior), lo que busca poder "delimitar mejor" los recursos necesarios para cada comunidad.

Además, para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes de entre 0 y 17 años, así como el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Para la cuantificación del coste de los servicios socailes, se toma en consideración la población mayor de 65 años, que queda desglosada entre los mayores de 65 y 79, y los mayores de 80, por lo que este criterio no llega a reflejar las particularidades de Aragón y su sobreenvejecimiento, según venía denunciando el Ejecutivo aragonés.

Por otro lado, la propuesta de Hacienda recoge algunos elementos que sí benefician la posición aragonesa, como al incluirse el criterio de superficie (que cuenta apenas un 1,6% en la ponderación), la dispersión (un 0,5%) o los costes fijos de los servicios, un nuevo criterio que pretende, precisamente, beneficiar a las comunidades más afectadas por la despoblación (cuenta un 0,4% en el cómputo de reparto global).

Más recaudación de IVA y el IRPF

La clave del incremento de fondos en el sistema procede, principalmente, de un aumento de las transferencias por IVA e IRPF. Según figura en la propuesta ministerial, por IRPF se cedería el 55% (en lugar del 50% actual) y por IVA, el 56,5% (en lugar del 50% vigente). Además, se incluirían dentro de los recursos del sistema impuestos sobre Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, las actividades del juego y sobre el depósito de residuos en los vertederos, recuerdan fuentes del ministerio.

Por otro lado, el nuevo modelo incorpora dos sistemas de "nivelación horizontal y de nivelación vertical". El primero pretende mejorar la "solidaridad interterritorial", para que "todas las comunidades alcancen el 75% de la media de recursos por habitante ajustado". El segundo pretende reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto a la que tiene más recursos, la Comunidad de Madrid.

La propuesta del ministerio mantiene asimismo el mecanismo del IVA pymes y el fondo climático, dos cuestiones que desde Aragón no se vieron con buenos ojos. Esta próxima semana se celebra una reunión técnica para trabajar en este borrados antes de que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en la que el ministro pretende sacar adelante la medida.

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