Chunta reclama "una moratoria y un impuesto" a los centros de datos e IU pide una comisión que estudie "medidas para reducir los efectos negativos"

La oposición sigue vigilando la implantación de centros de datos en Aragón. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han sido las últimas fuerzas en presentar propuestas políticas en las Cortes autonómicas con el objetivo de aclarar la llegada de estos proyectos a la comunidad autónoma y asegurar que tengan un impacto positivo en el territorio. Los aragonesistas han registrado este martes una proposición no de ley (PNL) que reclama "una moratoria" a futuros proyectos y la creación de "un impuesto" a los centros de datos, mientras que IU ya registró hace unos días la creación de una comisión de estudio que desarrolle "medidas para maximizar los beneficios y reducir los efectos negativos".

La propuesta de Chunta Aragonesista, presentada este martes por el portavoz Jorge Pueyo, pide "diseñar una planificación general de la industria de los centros de datos acorde con las necesidades reales y los límites finitos de recursos del territorio, en el que se contemple el impacto medioambiental y de seguridad de suministro energético". CHA pide también "fomentar la sostenibilidad medioambiental" tanto en los centros proyectados como en los futuros y analizar "el impacto acumulado sobre el territorio de los centros de datos y las instalaciones de producción".

Por otro lado, Chunta pide "establecer una moratoria a la tramitación de nuevos proyectos de centros de datos, que no tengan aún declaración de interés general aprobada definitivamente ni hayan iniciado obras", hasta que se complete ese proceso de participación pública que reclaman. También, que haya un impuesto "que grave el impacto de los centros de datos sobre los consumos energético e hídrico" y que esos ingresos se destinen a "reducir la factura eléctrica de la población y las empresas locales".

Por último, CHA reclama "planes formativos" para que la población local sea la beneficiaria del empleo generado, además de que los municipios afectados por los PIGAs tengan "contrapartidas fiscales significativas".

"El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón", ha sostenido el portavoz parlamentario de CHA, Jorge Pueyo. Por último, CHA advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población. "Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas", ha concluido Pueyo.

"Reducir los efectos negativos"

La semana pasada, el 10 de julio, Izquierda Unida registró la creación de una comisión de estudio que abordase la implantación de los centros de datos en la comunidad autónoma. La portavoz de la formación, Marta Abengochea, reclamaba "la creación de una comisión especial de estudio sobre la implantación de centros de datos en Aragón".

La medida tiene como objetivo "elaborar un dictamente sobre las medidas destinadas a maximizar los beneficios y reducir los efectos negativos derivados de la implantación de los centros de datos en Aragón".

Los trabajos de la comisión de estudio, si finalmente se forma, deberán concluir a los seis meses de su puesta en marcha. Las Cortes tienen ya dos comisiones de estudio a la espera de activarse. La primera, sobre el desarrollo de la energía renovable en Aragón y la vinculación a la presunta trama de Forestalia, y la segunda, sobre las acciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos durante la pandemia, recientemente condenado a prisión.La oposición sigue vigilando la implantación de centros de datos en Aragón. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han sido las últimas fuerzas en presentar propuestas políticas en las Cortes autonómicas con el objetivo de aclarar la llegada de estos proyectos a la comunidad autónoma y asegurar que tengan un impacto positivo en el territorio. Los aragonesistas han registrado este martes una proposición no de ley (PNL) que reclama "una moratoria" a futuros proyectos y la creación de "un impuesto" a los centros de datos, mientras que IU ya registró hace unos días la creación de una comisión de estudio que desarrolle "medidas para maximizar los beneficios y reducir los efectos negativos".