El Gobierno de Aragón duplica la partida económica para que los pueblos instalen cámaras de videovigilancia

El Gobierno de Aragón duplicará el presupuesto destinado a la adquisición de cámaras de videovigilancia por parte de los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El Departamento de Cohesión Territorial elevará desde los 400.000 hasta los 800.000 euros el montante destinado a que los consistorios aragoneses puedan comprar estos sistemas, cada vez más extendidos por el territorio y una de las principales medidas tomadas por las localidades ante los robos en el medio rural.

Así, el consejero titular del ramo, el popular Octavio López, ha firmado una orden para "incrementar el crédito de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la realización, durante el año 2026, de actuaciones destinadas a la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia". El importa destinado en los Presupuestos autonómicos de 2024, los últimos aprobados hasta la fecha y prorrogados desde hace dos ejercicios, era de 400.000 euros.

La consejería de Cohesión Territorial argumenta el aumento de crédito propuesto ante las solicitudes registradas hasta el pasado 2 de junio, cuando terminaba el plazo para pedir estas ayudas. "Finalizado el plazo de presentación de solicitudes en fecha 2 de junio de 2026, se han presentado un total de 231 solicitudes por parte de entidades locales", afirma la orden del departamento. El mismo párrafo destaca que "el importe total solicitado supone cinco veces más el crédito disponible".

El departamento de Octavio López reconoce que con esas cifras se refleja "la gran acogida que ha tenido esta convocatoria", pero también que existe "una clara insuficiencia del crédito disponible" para responder a las peticiones de tantos consistorios.

La propia consejería reconoce que la Dirección General de Despoblación, órgano encargado de la publicación de esta línea de ayudas, dispone de una remanente de 400.000 euros, que serán los que se utilicen para "llegar al mayor número posible de beneficiarios" en las subvenciones para la adquisición de equipos de videovigilancia. Según explica el departemento de López, ese remanente sale de otras dos convocatorias, como son las de tiendas multiservicios rurales y la de derribos y demoliciones de inmuebles de titularidad municipal.

Poco antes del verano de 2025, la comunidad autónoma registraba más de 1.450 cámaras de videovigilancia, repartidas entre 111 municipios que habían decidido instalarlas. Se trata, en mayor medida, de la principal respuesta elegida hasta la fecha por los consistorios para hacer frente a la falta de otras medidas de seguridad en núcleos pequeños del mundo rural. Una respuesta que viene de la mano a la denuncia constante que se hace desde comarcas y localidades por la falta de agentes de la Guardia Civil. Asociaciones de la Benemérita lo han destacado en numerosas ocasiones, también por las necesidades de largos desplazamientos para cubrir el amplio territorio que tiene Aragón.

En 2025, el área metropolitana de Zaragoza era una de las zonas de la comunidad autónoma con un mayor número de cámaras de videovigilancia. Utebo (53), Zuera (52), La Puebla de Alfindén (46), La Muela (34) o Cadrete (22) son algunos de los municipios que más aparatos de este tipo. La evolución en el tiempo es considerable, ya que en 2023 había solo 600 cámaras en toda la comunidad.

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