La pobreza infantil desciende en Aragón: "Es el dato más bajo en los últimos diez años"

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha entregado hoy a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el Informe anual sobre Infancia y Adolescencia 2025 en el que se destaca el descenso de la pobreza infantil en la comunidad en comparación al año pasado, disminuyendo del 25,08% al 19,48%, según ha confirmado Gimeno.

Durante la comparecencia, remarcaba que “este es el porcentaje más bajo de los últimos diez años”, demostrando la bajada progresiva y moderada también en el resto de indicadores. El informe presentado advierte de que a pesar de la disminución del dato, en Aragón continúan existiendo en torno a 43.000 menores en riesgo de pobreza o exclusión social, representando una quinta parte de los menores en la comunidad. “Los más afectados son aquellos que pertenecen a hogares monoparentales o a hogares que tienen niños dependientes, estos son los que cuentan con mayor riesgo de vulnerabilidad”, ha dicho Gimeno. En este caso, ha habido un descenso de 3 puntos pasando del 39,1% al 36,3%, lo que representa a más de un tercio de los menores aragoneses.

Según los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el número total de niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema de protección de Aragón fue de 1.679 en 2025. De esta cifra, 848 fueron atendidos en los servicios de acogimiento residencial de Aragón, entre los que se incluyen 267 menores migrantes sin referentes familiares, representando el 31% de estos menores atendidos en la comunidad.

Otro punto que la Justicia de Aragón ha querido resaltar es la escasez de personal en los centros de menores, motivo del gran porcentaje de las quejas o sugerencias presentadas a lo largo de las visitas realizadas a los 27 recursos residenciales. “Es insistente la petición reiterada en relación con la necesidad de educadores sociales, a lo que todos corroboran que es difícil de encontrar. Lo relacionamos mayoritariamente con sus condiciones laborales acompañadas de la escasez de titulados disponibles”, comentaba Gimeno acerca de la situación de falta de personal.

La atención a la salud mental

Asimismo, ha señalado la conveniencia de que durante los turnos nocturnos haya al menos dos profesionales en los centros para reforzar la seguridad tanto de los menores como de los trabajadores, una propuesta que la institución ya había trasladado en anteriores actuaciones. Sobre la dotación de vigilantes de seguridad, ha señalado que "no está prohibido", pero ha advertido de que "requieren una formación y actuación muy específica en casos de conflicto". No obstante, ha informado de que de las entrevistas con los centros, uno de ellos "sí habla de peligro", mientras el resto pide más dotación y perfiles cualificados, aunque "sí es cierto que ponen de relieve la presencia de un perfil para el que no están preparados y hablan de recursos específicos".

Además, en el informe se destaca la dificultad para crear una estructura sólida para mantener equipos educativos estables, con una falta aún más notable de educadores sociales en el medio rural o los periodos vacacionales.

Relacionado con esta escasez, la Justicia de Aragón ha indicado que uno de los puntos más débiles y con mayor prioridad es el relacionado con el déficit de recursos específicos en la atención de salud mental, señalado tanto por los profesionales como por los menores de los centros. “El perfil de los menores ha ido y va evolucionando y ello conlleva problemas, a veces muy serios de salud mental”, añadía la Justicia. En este sentido, ha considerado necesario impulsar el grado de Educación Social en Aragón o, al menos, itinerarios formativos específicos que permitan incrementar el número de estos profesionales, que se formen en la comunidad y fomentar así el arraigo.

Finalmente, tanto Concepción Gimeno como el asesor responsable de Servicios Sociales, Samuel Fau, han señalado que este año "la situación de sobreocupación de los centros ha sido muy puntual. Otros años ha sido más intensa", ha dicho la Justicia de Aragón, confirmando que la ocupación estimada ha sido del 85% de la capacidad total con 308 de las 363 plazas posibles ocupadas.