La Universidad de Zaragoza acata la sentencia sobre el programa de ayudas Margarita Salas y devolverá las cuotas a los investigadores

La Universidad de Zaragoza ha informado este viernes de que acata la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación presentado por la institución contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa a las ayudas del programa posdoctoral Margarita Salas, aunque estudiará reclamar al Estado por los perjuicios ocasionados.

En cumplimiento de esta resolución, la rectora ha dictado ya la orden de ejecución de la sentencia, por lo que el campus público procederá a abonar a los investigadores afectados las cantidades correspondientes a la cuota empresarial de la Seguridad Social que en su día se imputaron a la subvención recibida, así como el recargo por mora derivado de su aplicación automática.

El programa Margarita Salas, financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y regulado por la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, establecía las condiciones bajo las cuales las universidades debían contratar a jóvenes doctores, según han recordado desde la Universidad de Zaragoza. La institución académica imputó a la subvención recibida el coste de la cuota empresarial de los contratos, siguiendo la información facilitada por el propio Ministerio de Universidades en distintas reuniones de aclaración, y conforme a una práctica habitual en otras convocatorias de recursos humanos tanto de ese Ministerio como del de Ciencia e Innovación.

Este criterio fue impugnado por la Federación de Enseñanza de CCOO mediante conflicto colectivo, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de abril de 2025, en la que se consideró que dicha cuota había sido detraída indebidamente del salario de los investigadores.

La Universidad de Zaragoza recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo, al entender que había actuado con la confianza legítima de que las normas reguladoras del programa le permitían fijar la forma de vinculación laboral con el personal investigador, sin exigirle cofinanciación alguna. Este martes, 14 de julio, la universidad recibió la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo 616/2026 de 1 de julio por la que se desestima el recurso de casación.

Pese a acatar la decisión judicial, la Universidad de Zaragoza estudia iniciar un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Estado, al considerar que su actuación se ajustó en todo momento a las instrucciones recibidas del Ministerio de Universidades, y que los perjuicios económicos derivados de esta situación —incluido el recargo por mora— tienen su origen en dicha información oficial.