El tesoro del mercado laboral aragonés que ahorra millones de euros a la Justicia

En un momento en el que Aragón presume de atraer grandes inversiones industriales y tecnológicas, hay un elemento mucho menos conocido que también contribuye a fortalecer su economía y que rara vez ocupa titulares. Se trata del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), un organismo que desde hace 29 años ejerce como árbitro entre empresas y trabajadores y que se ha convertido en una de las principales herramientas para preservar la paz social y el buen funcionamiento del mercado laboral.

Solo durante el primer semestre de este año el SAMA tramitó 5.850 expedientes, la cifra más alta registrada para estas fechas, resolviendo una gran parte de ellos -el 72,4% de las disputas individuales y el 77% de los conflictos colectivos- mediante acuerdos alcanzados en apenas unos días y evitando así que miles de conflictos terminaran en los juzgados.

Su labor va mucho más allá de la mera mediación. Cada acuerdo alcanzado supone tiempo, costes y recursos ahorrados tanto para empresas y trabajadores como para la propia Administración de Justicia. Mientras un procedimiento judicial puede prolongarse alrededor de un año y medio, el SAMA suele citar a las partes en un plazo aproximado de cinco días laborables, favoreciendo soluciones rápidas y pactadas que permiten rebajar la tensión y restablecer las relaciones laborales antes de que el conflicto se enquiste.

Ese ahorro también tiene un importante impacto económico para las arcas públicas. Cada conflicto laboral que consigue resolverse mediante mediación y evita acabar en los tribunales supone un ahorro aproximado de unos 3.000 euros para la Administración de Justicia. Una cifra que, multiplicada por los miles de acuerdos que se alcanzan cada año, convierte al organismo en un instrumento de eficiencia pública además de un mecanismo de resolución de conflictos.

Casi tres décadas de diálogo social

El SAMA está integrado por el propio Gobierno de Aragón y los principales agentes sociales de la comunidad, uniendo a las patronales CEOE y Cepyme con los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT). Este órgano paritario se sostiene económicamente gracias a la financiación del Ejecutivo autonómico. Nació en 1997 fruto del acuerdo entre las citadas organizaciones e inspirado en el modelo de mediación desarrollado en Estados Unidos. La experiencia norteamericana demostró que buena parte de los conflictos laborales podían resolverse antes de llegar a los tribunales, evitando procesos judiciales largos y costosos que retrasaban durante meses –e incluso años– la solución de los problemas.

Casi tres décadas después, esa filosofía sigue plenamente vigente. Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que no solo media en conflictos colectivos, sino también en los individuales, especialmente en los derivados de despidos, una singularidad que ha convertido al modelo aragonés en una referencia nacional.

El organismo dispone de tres sedes territoriales, una en cada provincia aragonesa, aunque la mayor parte de su actividad se concentra en Zaragoza. Su plantilla está formada por 13 trabajadores: once desarrollan su labor en la capital aragonesa y uno en cada una de las delegaciones de Huesca y Teruel.

Esa singularidad ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. En los últimos años, varias delegaciones institucionales han visitado Aragón para conocer de primera mano el funcionamiento de un sistema que combina rapidez, elevados índices de acuerdo y una notable reducción de la litigiosidad.

Un factor de competitividad

Ese éxito reside en la cultura de concertación existente en Aragón. "Aquí existe una larga tradición de diálogo entre sindicatos y organizaciones empresariales", explica Concha Gil, directora gerente del SAMA desde hace 20 años. Esa predisposición al acuerdo no solo facilita resolver conflictos concretos, sino que contribuye a generar un clima de estabilidad especialmente valioso en una comunidad que aspira a consolidarse como uno de los grandes polos industriales, logísticos y tecnológicos del país.

No es casualidad que el incremento de la conflictividad laboral registrado este año no se haya traducido en un colapso de los juzgados. El SAMA continúa actuando como una auténtica válvula de escape del sistema de relaciones laborales, resolviendo mediante acuerdos la inmensa mayoría de los conflictos que llegan a sus mesas de mediación. Con estos resultados, Aragón consolida un modelo que sigue siendo una referencia nacional.

Disponer de un mecanismo ágil, eficaz y ampliamente aceptado para resolver discrepancias laborales constituye un valor añadido poco visible, pero de enorme importancia. La competitividad de una economía también se sustenta en la calidad de sus instituciones. Y, en ese terreno, el SAMA se ha convertido, casi sin hacer ruido, en uno de los grandes tesoros del mercado laboral aragonés.