La vicepresidenta Sara Aagesen afirma que Aragón pidió que los fondos públicos para la climatización de colegios llegaran a la educación concertada

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este jueves que Aragón fue la única comunidad que se abstuvo en el reparto de fondos públicos para la climatización de edificios de la Administración. Según ha explicado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, la comunidad autónoma pretendía incluir a los colegios concertados en el reparto de esta línea de ayudas para la mejora de las temperaturas en los edificios públicos. El Gobierno de Aragón, en un comunicado, defiende su abstención porque "se considera que el reparto de fondos excluye a una parte de la educación sostenida con fondos públicos".

Aagesen, al ser preguntada por ese reparto de dinero público entre las autonomías, admite que la decisión "se adoptó por unanimidad, salvo una comunidad autónoma". La vicepresidenta tercera del Gobierno que lidera Pedro Sánchez afirma que esa comunidad es Aragón, que según la ministra "quería un reparto en el que se incorporaran colegios concertados, no solo los públicos".

"Es lo que solicitaron", responde a las preguntas del entrevistador de la Cadena Ser, que cuestiona si la comunidad autónoma "quería poner aire acondicionado en los colegios concertados con dinero del Estado". "Entiendo que lo que esperan es que los colegios concertados también tengan esas condiciones", resume Aagesen, que asevera que "la Administración General del Estado utiliza el dinero público en la enseñanza pública".

Fuentes del Gobierno de España han señalado a este diario que Aragón fue la única comunidad autónoma que se abstuvo en el modelo de reparto de fondos para la climatización, mientras que el resto de los territorios se mostraron conformes y votaron a favor del sistema diseñado desde el Ejecutivo central.

En total, el Gobierno de España repartirá hasta 368 millones de euros entre las comunidades autónomas para mejorar la climatización y el ahorro energético en edificios públicos como centros de salud o colegios. Según el reparto presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, a Aragón llegarán 14,35 millones de euros.

La DGA considera que se excluye "por ideología" a la concertada

El Gobierno de Aragón no ha tardado en responder a las declaraciones de Aagesen y ha defendido su abstención en la sectorial al considerar que "el reparto de fondos excluye a una parte de la educación sostenida con fondos públicos".

En un comunicado remitido desde la consejería de Economía, de la que depende la política energética del Gobierno de Aragón, la DGA afirma que "comparte plenamente el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los centros educativos y acelerar su adaptación frente a los efectos del cambio climático", pero que el Ejecutivo aragonés defiende que "las ayudas deben llegar tanto a los centros públicos como a los concertados, al formar ambos parte de la red que presta el servicio público educativo".

Para el Gobierno aragonés, la concertada se "excluye" de este reparto por "motivos meramente ideológicos", lo que es "una discriminación a una parte del alumnado y de las familias que también financian el sistema educativo mediante fondos públicos".

"Por coherencia con los objetivos de equidad, eficiencia energética y adaptación climática, Aragón reclama que las convocatorias incorporen a toda la educación sostenida con fondos públicos, evitando exclusiones por razón de la titularidad de los centros", remata el comunicado.

Las críticas al Ejecutivo autonómico han llegado por la mayoría de las fuerzas progresistas (PSOE, CHA, Izquierda Unida) presentes en las Cortes de Aragón, acusando al presidente Jorge Azcón de "favorecer" al sector privado en el reparto de estas ayudas. "Azcón, primero de la clase en abandonar a la escuela pública", afeaba, por ejemplo, el socialista Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en la comunidad.

También replicaban desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón), que se consideraban "estupefactos" ante la información transmitida por Aagesen. Los padres de la escuela pública tachaban de "irresponsable e injustificable" el posicionamiento de la DGA y reclamaban "la ejecución de los fondos anunciados", tanto los propios como los estatales.