El Gobierno de Aragón estudia una nueva subida del precio de las VPO por encima del 10% antes de aprobar la ley de vivienda

El precio del módulo de las viviendas de protección oficial (VPO) podría experimentar una nueva subida en los próximos meses en Aragón, antes incluso de que la ley de vivienda autonómica sea aprobada por el Gobierno PP–Vox. Es la tesis en la que ahora trabaja el Departamento de Vivienda del Ejecutivo autonómico a tenor, especialmente, del incremento de costes en el sector de la construcción.

Dicha subida del metro cuadrado, que ahora está en algo más de 1.845 euros de media, sería la segunda en poco más de un año, después de que en abril de 2025 se aprobase una actualización del 9,5% en el precio máximo del módulo. En este caso, el porcentaje será todavía mayor, por encima del 10%, y el precio de las VPO de régimen general, las más habituales, quedaría fijado en un tope cercano a los 2.100 euros por metro cuadrado, muy similar al de la media nacional.

En cualquier caso, desde el sector se lleva tiempo pidiendo un incremento. En concreto, los cálculos de la patronal hablan de que sería necesaria una subida de en torno al 19% del módulo para poder tener unos márgenes de beneficio de un 10%, aunque en principio dicho incremento, que todavía no está cerrado, estará por debajo de esas pretensiones. Según fuentes del sector, “los costes llevan tiempo presionando la viabilidad de construir este tipo de viviendas”. En los últimos cinco meses, dicen, han subido un 4,5%, con los conflictos geopolíticos como una de las causas más plausibles.

De sguir así, la previsión es que el año se cierre con una subida de los costes de las materias primas de un 10% interanual. Además, los constructores lleva tiempo detectando, en el caso concreto de Aragón, otro incremento a causa de la llegada de los proyectos milmillonarios, que van a provocar una inflación en el sector “induscutible”, según esas mismas voces. Todo, en un momento en el que la falta de mano de obra es cada vez más latente, algo en lo que también influyen las grandes inversiones anunciadas, que requieren de miles de empleados para su puesta en marcha en la próxima década.

Ayudas

Y los cálculos en el Pignatelli son claros. Aragón necesita poner en el mercado, con la demanda actual, unas 6.500 viviendas al año, 2.200 de ellas protegidas o públicas. En este momento, la comunidad aragonesa es la segunda con el precio máximo más barato del país, pese a que esta subida implicaría ya que una vivienda protegida de 90 metros cuadrados, con garaje y trastero, ya superaría los 220.000 euros.

En este punto, la intención del Ejecutivo autonómico es extender las ayudas a los compradores, que en los últimos presupuestos tenían partidas que ascendían a tres millones de euros. La idea es que lleguen a la práctica totalidad de los compradores de una VPO (van desde los 17.000 hasta los 22.000 euros), añadiendo otras ayudas tanto de carácter financiero como fiscal. Cuando se anunció la subida de 2025, ya se anticipó esta misma idea, contemplando entonces un presupuesto de 4,5 millones de euros que se compensaría eliminando las subvenciones a los promotores, que iban de los 4.000 a los 5.000 euros y que la DGA quería sumar a las ayudas a la compra.

Cabe recordar que la actualización del módulo de 2025 fue la segunda de la década, ya que en 2022 la consejería que entonces lideraba José Luis Soro (CHA), durante la segunda legislatura de Javier Lambán, lo actualizó en cerca de un 20%. Estas dos subidas suponen un incremento global de un 32% en el precio máximo en solo tres años, entre 2022 y 2025, y ahora volvería a crecer por encima de los dos dígitos.

Ley de vivienda

También es clave señalar aquí la variable de la ley autonómica de vivienda, que en la pasada legislatura no pudo salir adelante por la falta de apoyos del Gobierno en solitario de Jorge Azcón. Ahora, con Vox de vuelta en el Pignatelli, las derechas suman una mayoría que les permitirá sacar adelante la norma, que será la primera del ramo en aprobarse en la comunidad aragonesa.

En el proyecto de ley de la pasada legislatura, que llegó a iniciar la tramitación parlamentaria correspondiente, ya se contemplaba que el precio del módulo sería de 2.100 euros el metro cuadrado y un sistema que permitirá que el precio de las VPO se regule automáticamente cada año, sin necesidad de recurrir a actualizaciones extraordinarias como la que ahora se va a abordar o como las anteriores de 2022 y 2025.

Algo que se hará tomando como base un coeficiente que viene marcado desde el Ejecutivo central, pero si el 15 de marzo de cada año ese índice (conocido como índice general de referencia) no se ha actualizado, se subirá la VPO conforme al IPC, que es la demanda histórica de las constructoras.

El caso Arcosur

Un caso paradigmático, y que coincide en el tiempo con estas últimas actualizaciones del módulo de la VPO, es el de Arcosur. El emergente barrio zaragozano tiene una enorme bolsa de suelos disponibles, con una fase 3 todavía por desarrollar en la que la tipología más repetida es la residencial protegida. De hecho, un 55% del barrio, que suma 22.815 pisos en total, es de protección oficial.

Tras una crisis financiera que dio al traste con el desarrollo de Arcosur, ahora las administraciones trabajan en darle un nuevo impulso, con el objetivo puesto en tenerlo urbanizado y construido en 2035. Es por ello que se firmó un protocolo de actuación entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la junta de compensación e Ibercaja (la mayor tenedora privada de suelos), que incluirá inversiones de la DGA para la compra de solares que permitan impulsar vivienda pública, aprovechándose de esa calificación.

En el extremo contrario está Valdespartera, un ejemplo de éxito ubicado precisamente junto a Arcosur. El barrio zaragozano está construido al 100% y el 97% de sus viviendas están protegidas, aunque muchas de ellas ya están comenzando a descalificarse. Este debate también está dentro de la futura ley de vivienda, ya que los grupos de la izquierda piden que la calificación de VPO no se revoque en ningún momento, mientras que los textos preliminares contemplaban incluso rebajar su caducidad.

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