Aragón soporta "en exclusiva" el refuerzo de otras cuatro plazas de jueces en el Tribunal Supremo

Al principio, Aragón iba a contar con 17 nuevas plazas de jueces. Luego fueron 11. Y, al final, el número de plazas se ha fijado en 7. Por eso el Gobierno de Aragón ha pedido explicaciones de esta reducción al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En este sentido, desde la Consejería de Presidencia de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte ya se ha remitido una misiva al ministro Félix Bolaños, en la cual subrayan que estas cuatro plazas se han destinado finalmente al Tribunal Supremo, "pese a que dicho incremento no estaba contemplado en el proyecto inicial ni obedecía a una necesidad puesta de manifiesto en los informes técnico que sustentaban la planificación".

"Resulta incomprensible que sea Aragón quien soporte en exclusiva este recorte para financiar un incremento de plantilla no previsto inicialmente, en perjuicio de las necesidades reales de nuestra Comunidad Autónoma", exponen en este misma carta, en la cual también detallan los órganos judiciales que se ven afectados. Especialmente, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde se ha experimentado una reducción de seis a tres, "un recorte incluso superior al considerado asumible por los propios informes, que contemplaban únicamente la posible supresión de dos plazas".

Las plazas

Además, el Gobierno de Aragón alude una situación paradójica en la jurisdicción civil de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya que la plaza creada en la Sección Segunda se compensa con la supresión de las dos plazas previstas para la Sección Cuarta. "El problema de desquilibrio de plantilla que justificaba la creación de estas plazas no se resuelve, sino que simplemente se traslada a otra sección", lamenta.

A la hora de expresar su malestar, el Ejecutivo autonómico presenta un informe comparativo de las comunidades autónomas respecto a este Real Decreto, en cual concluyen que el de Aragón es un "caso singular". "Se trata del recorte más significativo y claramente identificable en todo el Real Decreto, tanto por su volumen como por su concentración territorial. Mientras otros ajustes detectados en diferentes provincias son puntuales o están compensados por redistribuciones equivalentes, en Aragón la pérdida es directa y neta", zanja.

Por eso, desde la consejería que dirige Mar Vaquero se ha solicitado formalmente una explicación detallada de los criterios técnicos, objetivos y organizativos que motivan la reducción de las plazas judiciales, la revisión y rectificación de esta decisión y el tratamiento objetivo, transparente y respetuoso de las futuras decisiones sobre planificación judicial. "El Gobierno de Aragón defenderá siempre una Administración de Justicia dotada de los medios necesarios para prestar un servicio eficaz a todos los ciudadanos y no puede aceptar que nuestra comunidad vuelva a resultar perjudicada por decisiones que carecen de una justificación objetiva conocida", concluyen.

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