El Gobierno de Aragón blindará por ley las nuevas viviendas protegidas para evitar la "especulación"

El Gobierno de Aragón blindará de por vida en la nueva ley de Vivienda la titularidad pública de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), dado que impedirá la descatalogación de este tipo de alternativas habitacionales impulsadas con dinero público. Dicho de otro modo: los pisos protegidos no podrán venderse nunca a un precio superior al del módulo que fija el Gobierno autonómico y nunca saldrán al mercado como vivienda libre, como sucede ahora con la última gran promoción de residenciales públicos en Zaragoza, donde 9.300 pisos sufragados con dinero público circulan a precios de mercado sin cortapisas para el beneficio económico de sus propietarios.

Así lo ha asegurado Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el PP, que modificará la propuesta de ley que llevará a las Cortes de Aragón para luchar contra la "especulación", según ha referido, lo que supone satisfacer desde un Gobierno conservador una histórica reivindicación de la izquierda. La ley de Vivienda estatal, aprobada por el Congreso en mayo de 2023, también prohíbe la desclasificación de los pisos protegidos.

"En este momento tenemos 40 escaños para avalar determinadas cuestiones y estoy en condiciones de decirles a todos ustedes que no se permitirá descatalogar para que nadie especule con las ayudas públicas en una cosa tan sensible y necesaria para el conjunto de los aragoneses y, en especial, de la gente joven", ha afirmado con rotundidad el veterano político, en una rueda de prensa en la que también ha anunciado una nueva subida del 14% del módulo de la VPO en Aragón.

Tanto el anteproyecto como el proyecto de ley de vivienda autonómica que comenzó a tramitarse en la pasada legislatura, y que no pudo aprobarse ante la falta de apoyos del entonces Gobierno de Azcón en solitario, contemplaba inicialmente que las VPO de promoción privada pudiesen liberarse a los 10 años, mientras que las públicas podrían descalificarse a los 20. En aquel entonces, la oposición e incluso asociaciones como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) mostraron su rechazo a esa pata de la normativa. El consejero López ya se mostró proclive a aceptar, puesto que siempre ha defendido que quería aprobar la norma con el mayor "consenso" posible, e incluso llegó a negociar esta medida con el PSOE.

Ahora, en un escenario político muy distinto en el Pignatelli y en las Cortes de Aragón, el consejero popular se apoyará en Vox para sacar adelante la normativa con sus propios términos y condiciones. Los planes del consejero pasan por llevar el anteproyecto de ley a las Cortes durante los próximos meses para iniciar su tramitación, con el objetivo de que la norma esté aprobada en el primer trimestre de 2027. De hecho, la norma se sustanciará por el procedimiento de urgencia con el objetivo de agilizar su tramitación y dar una respuesta más rápida al principal problema de los aragoneses.

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