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DISCURSOS DE ODIO

Rechazo en bloque a las políticas "discriminatorias" de Vox con los menores no acompañados: "El modelo aragonés es un ejemplo de integración"

Las formaciones de la oposición reclaman responsabilidades de Jorge Azcón por las medidas de carácter racista anunciadas por la formación de ultraderecha y las dudas legales que presentan

Protesta de los trabajadores del sector de protección de menores en Aragón en una imagen de archivo.

Protesta de los trabajadores del sector de protección de menores en Aragón en una imagen de archivo. / El Periódico de Aragón

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David Chic

David Chic

Zaragoza

Las dos medidas de dudoso encaje legal y en las que busca incrustar el lema prioridad nacional lanzadas por Vox esta semana han provocado una oleada de rechazo en la política y la sociedad aragonesa. A falta de conocer las implicaciones legales de las propuestas de retirar su asignación semanal solo a los menores de origen extranjeros tutelados por los servicios sociales de la comunidad y el "atender primero a los de casa" en el reparto de ayudas a las familias numerosas, las miradas se centran en el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por su responsabilidad última en las medidas que toman sus consejeros.

De hecho, la diputada del PSOE Mónica Iglesias ha acusado al Ejecutivo en bloque de "mentir de manera deliberada" a los aragoneses tras la decisión del vicepresidente Alejandro Nolasco de retirar la asignación semanal. También han avanzado que solicitarán la intervención de la Justicia de Aragón para evitar el trato discriminatorio.

La socialista ha calificado de "gravísima" la decisión y ha recordado que la asignación económica constituye una herramienta educativa utilizada por las entidades que gestionan los centros para favorecer la autonomía de los menores. Además, estas cuantías quedan reflejadas en los convenios firmados por la propia consejería con las empresas sociales que gestionan los centros de acogida.

La diputada ha lamentado que Aragón sea "noticia en España" por una medida de este cariz xenófobo sostenida por el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. "El compromiso de Jorge Azcón de actuar dentro de la legalidad no se cumple en este caso, ha dicho. A su juicio, la decisión "no cumple con la legalidad vigente" y ha afirmado que Nolasco "será recordado por su populismo, no por su trabajo".

Asimismo, se ha sumado a las entidades sociales que cuestionan el argumento económico utilizado por el vicepresidente para justificar la medida, que solo afecta a los menores inmigrantes. De hecho ha evidenciado que el cálculo del supuesto ahorro de 180.000 euros se solicitó a las entidades sociales esta misma semana, después de haber hecho el anuncio mediante nota de prensa. Además, ha denunciado la existencia de dos correos internos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), firmados por su gerente, en los que, según ha dicho, primero se pedía recopilar de forma urgente datos económicos de los menores extranjeros y, posteriormente, identificar a las entidades que habían criticado la decisión.

Las críticas a las medias de Nolasco también han llegado desde IU. La portavoz Marta Abengochea ha criticado que Vox utilice las instituciones para "su propio relato" y ha censurado que, "ninguna semana", el partido deje pasar la oportunidad de protagonizar titulares con iniciativas de carácter "racista". Además, ha dudado de que la medida tenga forma más allá de una nota de prensa, pues no se conoce una orden escrita que articule esta medida.

Desde Chunta Aragonesista, a su vez, han anunciado que van a denunciar ante la Fiscalía al vicepresidente Nolasco "por un posible delito de prevaricación y un posible delito de odio, por retirar de forma discriminatoria las asignaciones a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Aragón", y ha reclamado que se anule la polémica instrucción.

El líder de la formación, Jorge Pueyo, considera que el artículo 404 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público, que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Y, además, cree que se trata de una injusticia perfectamente consciente ya que la Instrucción señala que los menores españoles tutelados por la administración, seguirán percibiendo estas gratificaciones", ha expuesto.

En cuanto al posible delito de odio, Jorge Pueyo cree que se está provocando el señalamiento público de un colectivo, especialmente vulnerable y la privación de derechos económicos mínimos por razón de su origen y por tanto vulnerando la dignidad humana. "El hecho de calificar estas ayudas como propinas, vincular su supresión a la creación de plazas de ancianos, y los continuos ataques causados por el Gobierno de Aragón pretenden fomentar un clima de hostilidad y rechazo social hacia los menores", ha manifestado.

Por parte del sindicado UGT han lamentado el ataque que ha recibido un sistema de protección y atención a la infancia "que funciona, pese a la externalización galopante” que ha tenido como consecuencia un ahorro económico por parte de la administración pública y un retroceso en condiciones laborales de los trabajadores.

Por ese motivo han querido que el debate sobre las asignaciones a los adolescentes se centre en que es necesario "poner más recursos para los educadores sociales y trabajadores del sector" de forma que se mejoren las condiciones laborales. "Que se reconozca su labor profesional y continuada es clave para que los niños y adolescentes se integren de forma normalizada, pues el trabajo de estos profesionales constituye el verdadero motor de la integración", han dicho.

La formación, integrada en la plataforma que reclama un convenio justo para el sector, destaca que el modelo aragonés "es un ejemplo de la implantación de un sistema de integración social positivo" que se debe potenciar y mejorar. "La comunidad prioriza las medidas que mantienen y restauran la convivencia en entornos familiares, favorece el acogimiento familiar frente al residencial, apoya a las familias de origen para evitar separaciones innecesarias y desarrolla programas de autonomía y reinserción. Todo ello reduce el riesgo de exclusión y contribuye a una sociedad más cohesiva. La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva", afirman.

Respecto al la pretensión de Vox de que el lema prioridad nacional tenga acomodo en las ayudas para partos y adopciones múltiples, desde la asociación de familias numerosas 3 y más han manifestado que el requisito del empadronamiento no cambia los términos actuales. En este caso parece que han buscado generar una polémica más que cambiar el modelo.

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