Vaquero (PP) defiende "la cobertura legal" de las acciones con prioridad nacional impulsadas por Nolasco (Vox)

La legalidad es el camino en el Gobierno de Aragón. La vicepresidente del Ejecutivo autonómico y portavoz de la DGA, la popular Mar Vaquero, ha defendido este miércoles "la cobertura legal" de las últimas acciones impulsadas por el otro vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), desde la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Dos medidas, la retirada de una ayuda económica de 17 euros semanales solo a los menores extranjeros no acompañados (sí la seguirán recibiendo los nacidos en España) y la inclusión de "la residencia legal" como requisito para las ayudas en los partos y adopciones múltiples, que han levantado ampollas políticas y sociales.

"Tiene cobertura legal e informes jurídicos", ha resumido Vaquero este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Además, tiene cobertura y apoyo en la legislación nacional", ha rematado la vicepresidenta sobre las subvenciones en los partos y en la adopción múltiple.

La popular también se ha mostrado cómoda con el concepto de "prioridad nacional", una de las referencias incluidas por Vox en los pactos con el PP firmados en varias comunidades autónomas en los últimos meses. Según ha recordado Vaquero, este concepto está "incluido en el acuerdo de Gobierno" y la vicepresidenta ha defendido que "los asuntos que tienen reflejo en el acuerdo son apoyados por ambas formaciones". Y que el límite, como ha dicho también el presidente autonómico Jorge Azcón desde el inicio de la legislatura, es "cumplir la legalidad".

Vox ha conseguido una semana más que sus acciones en el Ejecutivo aragonés vuelvan a estar en el foco de debate y polémica con otras fuerzas políticas y agentes sociales. En el caso de las subvenciones a partos y adopciones múltiples, la ultraderecha utiliza ahora el término "residencia legal", un requisito más estricto que "la residencia efectiva" que en septiembre de 2025 pedía el PP para poder acceder a este tipo de ayudas. Entonces era consejera de Bienestar Social y Familia la popular Carmen Susín, hoy al frente del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades.

Más vehemente ha sido la actuación con los menores migrantes acogidos en centros autonómicos, a los que Nolasco ha retirado la asignación semanal de 17 euros. Existe "una instrucción" desde la consejería de Desregulación, según aclaran fuentes del propio departamento, que "prevalece" sobre órdenes anteriores y libera a las entidades que entregan ese dinero de "cualquier otra interpretación": "El Gobierno de Aragón ha dado orden de que la inmigración ilegal no sea objeto de propina". "Estas propinas se habían convertido en un descontrol absoluto, sin fiscalización ni cumplimiento con las reglas de contabilidad público, de ahí que aludiéramos a que se trataba de unas pagas 'no regladas'", afirman desde el departamento de Nolasco, desde donde advierten que "se van a endurecer" las exigencias en los futuros conciertos con las entidades sociales.