Amnistía Internacional carga contra la consejería de Vox en Aragón por la retirada de pagas a los menores migrantes: "Han presentado una medida claramente discriminatoria"

La supresión de la asignación a los menores extranjeros no acompañados que residen en centros de acogida de la Aragón anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, sigue acumulando reacciones de rechazo. Este jueves ha sido Amnistía Internacional la organización que ha calificado como "algo extremadamente grave" porque supone "una medida claramente discriminatoria contra la infancia migrante".

La organización ha dirigido una carta al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para recordar que los menores extranjeros no acompañados bajo la tutela de una administración pública no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por razón de su nacionalidad u origen. "Esto supone una clara violación de derechos humanos, de la Constitución Española y de varias leyes estatales y autonómicas", indican.

El prestigioso organismo internacional destaca que según el principio de no discriminación "no cabe ningún tipo de medida que establezca una diferencia de trato para excluir o limitar el acceso de algunas personas a determinadas prestaciones". Y especialmente, el interés superior del menor debe ser una consideración primordial. Por eso le recuerdan al Gobierno de Aragón, del que forma parte el partido ultraderechista, que cumplir con estas premisas "es una obligación, no una opción".

De este modo, aunque desde la consejería que dirige Alejandro Nolasco insisten en que tiene sustento legal, consideran que retirar esta asignación únicamente a la infancia migrante "tan solo contribuye a ahondar en su estigmatización y señalamiento".

Por ese motivo desde Amnistía Internacional solicitan a las autoridades que se asegure que todos los niños que se encuentran bajo la tutela del Gobierno de Aragón tengan reconocidos todos sus derechos sin ningún tipo de discriminación. "Corresponde al Ejecutivo autonómico que se le facilite un alojamiento adecuado, salud, educación y un plan individualizado que le prepare para la vida adulta. Son las y los expertos quienes indican que la asignación de una paga semanal se configura como una medida educativa que tiene como objetivo el aprendizaje de gestión económica", defienden.

Las quejas por esta medida de cariz también han llegado a la Fiscalía de Menores, a la Justicia de Aragón y al propio Defensor del Pueblo. Este mismo jueves el PSOE también ha pedido las comparecencias en el pleno de las Cortes de Aragón del propio consejero, el responsable del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del director general de Desregulación.

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