El borrador de Educación que regula las extraescolares en Aragón defrauda a los sindicatos

La sensación entre los sindicatos es de descontento. Así lo trasladan después de la mesa técnica celebrada este jueves con Educación para abordar, entre otras cuestiones, el borrador planteado por el departamento para regular las salidas extraescolares y complementarias. Desde la consejería lanzaron este martes un primer marco común que ha dejado insatisfechas a las organizaciones sindicales porque no aborda las condiciones laborales del profesorado, que es uno de los puntos clave que reivindican desde que se conoció la imputación de dos profesores del IES Ítaca por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022.

Según informan desde CSIF, y como también lo trasladó Educación este martes, esta es trata de una primera orden "transitoria" que establece un protocolo inicial sobre cómo planificar, organizar y supervisar las actividades complementarias y extraescolares los viajes de estudios, los intercambios escolares y las movilidades educativas. "El departamento ha recalcado que es transitoria porque no había tiempo real para que en septiembre se pudiera publicar una normativa de calado como un decreto", explican fuentes del sindicato. También así lo advirtió Carmen Susín, la consejera de Educación en Aragón, cuando la comunidad educativa exigió en masa una norma jurídica y aseguró que abordarían el asunto pero "con calma".

Ahora, con el primer borrador sobre la mesa, y conscientes de que la norma es transitoria, los sindicatos exponen que hay muchos puntos que han quedado sin abordar. "Para asesoría jurídica se establece la normativa básica que tenemos por decreto del Gobierno de Aragón", critican fuentes de CSIF, desde donde apuestan por ahondar en el marco legal. "En la mesa técnica hemos incidido a Educación en que tiene que estar más redactado, detallar hasta qué punto es negligencia o no y, sobre todo, quién tiene la mayor responsabilidad", comparten.

Desde el sindicato mayoritario critican que en el borrador tampoco se establezca un reconocimiento profesional a los docentes que de forma voluntaria participan en estas actividades ni una retribución salarial extra. También así lo apuntan desde el resto de organizaciones sindicales, que juzgan que "el borrador no avanza en protección jurídica".

CCOO denuncia que "no se delimitan unas ratios adecuadas y segregadas por tipo de actividad y edad", así como tampoco se asume el coste económico y el cupo docente que precisa la realización de dichas actividades. "Han dejado la pelota en el tejado de los claustros", lamentan desde CSIF.

Las sensaciones son compartidas por CGT, que considera el borrador una "tomadura de pelo" y no ha acudido a la mesa técnica. El sindicato ha justificado su ausencia en el encuentro en que el borrador solo incluye "un recopilatorio de normativas vigentes que no se modifican". "Es un documento que anima a privatizar estas actividades con empresas colaboradoras y seguros privados a contratar por los centros", critican. También aseveran que "no hay ninguna mejora en las condiciones en las que el profesorado participa en estas actividades, ni en cuanto a su seguridad jurídica, ni en cuanto a ratios, ni en cuanto a compensaciones por las horas extras realizadas".

Son los mismos puntos sobre los que pone el foco STEA, para el que este borrador es "totalmente decepcionante" porque consideran que "no abordar la cuestión de fondo de aportar una mayor seguridad jurídica a alumnado, profesorado y familias cuando se realizan actividades fuera de los centros educativos". Desde el sindicato van a más y critican que esta norma transitoria añade responsabilidades a colegios e institutos y aumenta la burocracia.

UGT también apunta a un "exceso de burocracia" mientras ellos abogan por una normativa que "delimite responsabilidades" de los profesores, les "de una seguridad jurídica real" y ahonde en las posibles situaciones que se pueden dar en estas actividades educativas. "No da respuesta a lo que hemos solicitado las organizaciones sindicales", aseveran.

Los sindicatos confían en que las futuras negociaciones para perfilar una futura orden o decreto que les han trasladado que podrá demorarse en torno a cinco o seis meses. "Falta un largo recorrido para que la normativa sea completa", aseguran desde CSIF.

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