Las promesas incumplidas de Nolasco con los centros de menores en Aragón: ni seguridad ni ayuda en las denuncias

Vox ha colocado esta semana en primer término del debate político su prioridad nacional de cariz xenófobo. Lo ha logrado con el anuncio de dos medidas, como el favorecer en las ayudas a las familias numerosas a las personas con cinco años de residencia legal en la comunidad como con la pretensión de retirar el dinero de uso corriente (que cifra en 17 euros) que reciben los menores migrantes que son tutelados por loa comunidad. Con todo, esta última pretensión es posible que finalmente no pueda salir adelante por su probable carácter discriminatorio. De este modo quedaría en agua de borrajas como otros muchos de los anuncios realizados por la formación ultra desde su entrada en el Gobierno de Aragón en abril y que siguen sin materializarse.

Los incumplimientos de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia son especialmente flagrantes en torno a la seguridad en los centros de acogida, en los que ahora quiere limitar las asignaciones semanales afirmando que son propinas que reciben los internos. Así, entre los compromisos pendientes destaca la ausencia de un convenio colectivo en el sector de protección y reforma de menores en Aragón. A pesar de las reuniones mantenidas por el propio consejero Alejando Nolasco con la representación sindical no se han registrado avances significativos para la mejora de sus condiciones laborales ni para la dignificación de lo empleados precarizados. Las negociaciones siguen abiertas.

Además, según destacan desde UGT, a esto se suman las denuncias de las trabajadoras del sector de los cuidados sobre la precariedad, la falta de avances en la negociación colectiva y la insuficiencia de las ratios en el área de la dependencia, donde más del 70% de las plantillas percibe el salario mínimo interprofesional sin que se hayan articulado soluciones al respecto.

Uno de los mantras utilizados por Vox es el endurecimiento del régimen en los centros de menores, la puesta en marcha de medidas de control migratorio y el aumento de la seguridad. En todas ellas está encontrando problemas. De este modo, el plan completo de retorno y repatriación mediante acuerdos con los países de origen se ha limitado a medidas parciales como la mencionada retirada de la asignación, el anuncio de pruebas de determinación de edad.

Algo parecido sucede con el prometido refuerzo de la seguridad en las instalaciones de protección y acogida. La gestión, organización y seguridad interna de los centros de protección y reforma de menores es competencia de las comunidades autónomas, por lo que la vigilancia ordinaria en sus instalaciones se lleva a cabo mediante personal propio o servicios de seguridad privada regulados que no han sido mejorados todavía.

Nolasco tampoco ha podido garantizar presencia policial en los mismos, pues la legislación española determina que estos recursos, incluso en régimen cerrado, persiguen fines puramente educativos. Por este motivo, se prescinde de la presencia de agentes en el interior de los centros "previniendo la estigmatización de los menores" al asimilar estas dependencias a prisiones de adultos. Tampoco ha cumplido con el compromiso de denunciar de oficio todas las agresiones que se producen a los trabajadores, algo que todavía deben hacer a título particular los empleados agredidos.

En cuanto al compromiso de no habilitar ni una plaza más en centros de acogida durante toda la legislatura, las llegadas de migrantes continúan produciéndose por decisión del Gobierno central.

Finalmente, también en el ámbito de Bienestar Social, Dependencia y Familia, la promesa de un aumento efectivo y generalizado de plazas en residencias y centros de día se ha traducido únicamente en anuncios y subvenciones puntuales, sin lograr un incremento estructural del sistema. En este contexto, se ha llegado a afirmar públicamente que dicha ampliación de plazas en los centros asistenciales podría financiarse con los recursos económicos retirados del bolsillo de los menores migrantes.

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