Vox limita a solo tres centros de menores la retirada de la asignación semanal a los migrantes

El anuncio de Vox de suprimir la ‘paga’ semanal que los menores migrantes no acompañados reciben del Gobierno de Aragón se limitará finalmente a solo tres centros de acogida en la comunidad. Las "dudas interpretativas" que ha provocado la medida ha obligado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y a la dirección general de Desregulación a emitir una instrucción conjunta en la que aclaran que la suspensión de las asignaciones a residentes será únicamente en tres recursos (uno en un barrio rural de Zaragoza y otros dos en la comarca de La Litera) y en la que se reconoce que los trabajadores asignan "unas cantidades variables y no regladas", a pesar de que en la nota de prensa la formación ultra aseguraba que se trataba de una paga fija semanal de 17 euros.

La nueva instrucción tiene como objetivo "la supresión de prácticas consistentes en la entrega periódica de asignaciones económicas personales, propinas, gratificaciones o cantidades de naturaleza análoga a menores residentes tutelados" por el Ejecutivo autonómico. El documento reconoce que esas cantidades "han sido consideradas como herramienta educativa de apoyo en atención a la función tuitiva que debe tener el Gobierno de Aragón" aunque al mismo tiempo afirma que la medida "no está siendo eficaz para el objetivo perseguido".

En este sentido, indican que la orden "en ningún caso resulta discriminatoria ni atenta contra el principio de igualdad" al argumentar que esta supresión de la paga a los menores migrantes responde a "objetivos educativos concretos". De hecho, señalan que los tres centros notificados "acumulan un más que alarmante nivel de incidencias que incurren en muchos casos en ilícitos penales cometidos por los propios menores residentes". También dicen que en los propios recursos residenciales han notificado "casos de sustracción de dichas asignaciones por parte de algunos residentes contra otros internos a los que coaccionan o intimidan para ello".

En la orden no se detallan estos incidentes, pero sí que se pone el foco en una resolución judicial que condena a dos menores por sendos delitos de robo con violencia y lesiones a una persona de 94 años, a la que arrancaron un bolso por el método del tirón, sin que se aprecie qué relación puede tener con que los tutelados reciban una asignación para sus gastos personales. Fuentes del Gobierno de Aragón han destacado que el hecho de que circule dinero en efectivo dentro de los centros "favorece las agresiones".

Desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección destacan que el hecho de la instrucción esté limitada exclusivamente a tres centros concretos del sistema de acogida (que incluye pisos tutelados, residencias y otras modalidades de atención) no concuerda con que exista un “problema con los menas”. Además insisten en que los propios pliegos de los convenios indican que deben cumplir una función educativa y que estas asignaciones sirven para trabajar en los programas de integración. "Son menores que no han cometido delitos graves y por tanto deben continuar con el programa socioeducativo que siempre ha dado buenos resultados en Aragón", destacan.

La plataforma, integrada por CGT, UGT y CCOO denuncia que la orden "es una instrucción politizada que va a generar más conflicto que beneficio socioeducativo", además de ser "jurídicamente cuestionable ante la desigualdad que genera" al establecer un trato desigual entre los menores por el lugar de nacimiento.

En su conjunto aseguran que la instrucción "no está avalada por informes previos que justifiquen la medida", y que no lleva medidas alternativas de socioeducativas que evite los posibles conflictos sobre los que supuestamente pretenden evitar.

El propio Gobierno de España ha recordado al Ejecutivo autonómico que la medida es contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.

Además, recuerda que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo están obligadas a garantizar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y a promover su integración normalizada, sin discriminación alguna. Asimismo, las asignaciones de este tipo contribuyen a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de las y los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta. 

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