Los educadores explican al vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), el valor educativo de la paga semanal para los menores migrantes

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) ha expresado su preocupación ante la decisión anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, de suprimir la asignación semanal que reciben los menores migrantes acogidos en centros de protección.

En un comunicado, la entidad ha defendido que estas cantidades no constituyen una ayuda meramente asistencial, sino una herramienta integrada en la intervención socioeducativa que se desarrolla con los jóvenes.

Según CEES Aragón, la gestión supervisada de pequeñas cantidades de dinero permite trabajar competencias necesarias para la vida autónoma, como la planificación de gastos, el consumo responsable, la toma de decisiones y la participación activa en la sociedad.

El colegio profesional ha subrayado que los educadores sociales desarrollan en estos centros una labor basada en el acompañamiento, la capacitación y el fomento de la autonomía personal. Por este motivo, considera que reducir la asignación a una cuestión exclusivamente económica supone ignorar el trabajo técnico y educativo que los profesionales realizan diariamente.

La organización sostiene que este recurso pedagógico permite reforzar valores y habilidades como la responsabilidad, el esfuerzo, el autocontrol, la planificación y la participación comunitaria. Su eliminación, advierte, podría dificultar la consecución de objetivos educativos fundamentales y limitar la capacidad de intervención de los equipos profesionales.

CEES Aragón también ha mostrado su inquietud por que este tipo de decisiones se adopten sin tener en cuenta los criterios técnicos de los especialistas en infancia y adolescencia, quienes conocen las necesidades de los menores y los procesos necesarios para favorecer su desarrollo integral.

La entidad defiende que las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia deben fundamentarse en criterios educativos, profesionales y de protección de derechos, y mantenerse alejadas de planteamientos simplificadores que puedan perjudicar los procesos de integración y emancipación de los jóvenes.

Por todo ello, CEES Aragón ha instado al Gobierno autonómico a reconsiderar la medida, abrir vías de diálogo con los profesionales del sector y garantizar que las actuaciones dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad continúen respondiendo a principios educativos, de inclusión social y de respeto a sus derechos.