La Fiscalía investiga "por delito de odio y desprotección" el recorte de la ayuda a menores migrantes en Aragón

Tras una denuncia del Ministerio de Infancia, la Fiscalía ha confirmado que están investigando al Gobierno de Aragón por un posible delito "de odio y desprotección" tras el anuncio del vicepresidente Alejandro Nolasco de retirar las pagas semanales que reciben los menores migrantes en los centros tutelados de la comunidad. Como ha adelantado la Cadena SER, dos fiscales especializados, la de Menores Teresa Gisbert y el de delitos de odio Miguel Ángel Aguilar, han abierto sendos expedientes gubernativos.

La ministra Sira Rego consideró que quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años". Por eso consideró el anuncio autonómico de "medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos".

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha manifestado a su vez que la pretensión de Nolasco es "especialmente grave" por lo que tiene de señalamiento a la comunidad. Así ha recordado que es el Ejecutivo autonómico el que queda "en cuestión" por ser el presidente Jorge Azcón el responsable último de las decisiones de sus consejeros. "Estamos ante una discriminación por motivos del color de la piel y la propia constitución señala que todos somos iguales independientemente de nuestra consideración, algo que se están llevando por delante", ha dicho.

Beltrán ha destacado que el Gobierno de Aragón es el responsable de unos menores que están en situación de desamparo porque viven sin una figura legal de protección, como puedan ser sus padres. "Tienen que velar por su bienestar y por su adecuación para la vida adulta, por esa razón el que puedan disponer de dinero de bolsillo no es un elemento caprichoso, pues sirve para que aprendan su propia gestión económica, algo que hace cualquier padre con sus hijos", ha indicado.

En este momento, las dos ramas de la Fiscalía están trabajando conjuntamente en el tema y han pedido a la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en manos de Vox, toda la información sobre la polémica decisión y cómo la justifica. De este modo estudiarán la posibilidad de denunciar la medida ante los tribunales por presunto delito de odio y por suponer una desprotección de los adolescentes migrantes al ser contraria al interés superior del menor.

Esta misma semana la consejería ha concretado que esta discriminación se limitará finalmente a solo tres centros de acogida en la comunidad. Las "dudas interpretativas" que ha provocado la medida ha obligado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y a la dirección general de Desregulación a emitir una instrucción conjunta en la que aclaran que la suspensión de las asignaciones a residentes será únicamente en tres recursos (uno en un barrio rural de Zaragoza y otros dos en la comarca de La Litera) y en la que se reconoce que los trabajadores asignan "unas cantidades variables y no regladas", a pesar de que en la nota de prensa la formación ultra aseguraba que se trataba de una paga fija semanal de 17 euros.

Respecto a la posible legalidad de la orden, indican que la instrucción "en ningún caso resulta discriminatoria ni atenta contra el principio de igualdad" al argumentar que esta supresión de la paga a los menores migrantes responde a "objetivos educativos concretos". De hecho, señalan que los tres centros notificados "acumulan un más que alarmante nivel de incidencias que incurren en muchos casos en ilícitos penales cometidos por los propios menores residentes". También dicen que en los propios recursos residenciales han notificado "casos de sustracción de dichas asignaciones por parte de algunos residentes contra otros internos a los que coaccionan o intimidan para ello".

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