Vox pone en la diana a tres centros de menores de Aragón por sus "graves problemas de convivencia"

En el camino de estigmatización de la infancia migrante el Gobierno de Aragón se ha fijado especialmente en tres espacios de acogida, uno de ellos en el barrio de Movera y otros dos en la comarca de La Litera. Señalados por sus "graves problemas de convivencia", estos serán los únicos recursos en los que el Ejecutivo suprima la paga semanal que reciben los residentes. Estos Centros de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) ya habían sido objeto de una campaña iniciada por la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia al detallar todos y cada uno de los incidentes que se habían producido en su interior durante el mes de mayo.

El líder ultra Alejandro Nolasco presentó ante los medios de comunicación un informe, elaborado a partir de la información remitida por las direcciones de los centros de Aragón al a la consejería, en el que constataba que "en solo un mes", del 20 de mayo al 19 de junio, se habían producido una veintena episodios de delincuencia por robos, por violencia física, por extorsiones, por amenazas y por alteración gravísima y peligrosa del orden. Por su propia concepción todos los residentes son de origen extranjero.

El informe difundido por el Gobierno de Aragón detalla que es "evidente que dentro del centro hay acceso a estupefacientes", una afirmación sorprendente cuando es obligación del Ejecutivo autonómico velar por el buen funcionamiento de estos recintos y por que cumplan con su función educativa ya que están destinados a personas residentes en la comunidad que no tienen vínculos familiares ni redes de protección social.

En el detallado listado de incidentes también se habla de que se ha intervenido entre los residentes "un botín compuesto de cinco teléfonos móviles, una cadena de oro y 500 euros en efectivo". El Gobierno de Aragón recoge que los trabajadores de los centros están "atemorizados" y que advierten de que la situación es "extremadamente grave" y que es preciso reforzar la seguridad. Este es uno de los compromisos adquiridos por el consejero Nolasco que por el momento no se ha puesto en marcha más allá de criminalizar a los adolescentes que tiene la obligación de atender y proteger.

En la consjería al difundir el informe destacaron que no tenía un cariz valorativo y que no recoge opiniones. "Recoge estrictamente un resumen de delitos y sucesos muy graves cometidos por menas en centros de menores y en sus salidas a la calle, con absoluta impunidad, porque cuando son detenidos o arrestados son devueltos incomprensiblemente a los centros de menores para seguir disfrutando de un alojamiento gratis para ellos, pero indecente y carísimo para los españoles", considera Nolasco en su campaña para denostar estos recursos.

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