Una empresa falsa de trabajo temporal deja tirados en Caspe a 15 temporeros de Mali tras engañarles en la campaña de la cereza
Los migrantes estafados pagaban por alojamiento y transporte, pero los intermediarios desaparecieron sin abonarles el salario trabajado
Una operación de la Guardia Civil contra las estafas en el campo en una imagen de archivo. / Guardia Civil
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La desprotección y la inestabilidad persiguen al sector primario, especialmente en plena campaña de la fruta. En los últimos años los sindicatos y las organizaciones del campo han denunciado recurrentemente la aparición de empresas de trabajo temporal fraudulentas. Estas entidades ofrecen contratos ficticios que nunca se firman, abandonando a los trabajadores agrícolas sin abonarles el tiempo trabajado y perjudicando a los propios productores.
El último caso denunciado ha tenido lugar en Caspe y afecta a una veintena de trabajadores migrantes llegados desde Mali. Según ha alertado el sindicato CCOO, que ha puesto el caso en manos de la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil, los empleados estafados recurrieron en Lérida a los servicios de una empresa de trabajo temporal con sede en Lorca. El contacto con la firma se realizó a través de unos intermediarios de origen pakistaní, que fueron los que organizaron su trasladaron a Caspe para trabajar durante quince días en la campaña de la cereza el pasado 15 de junio. En ese momento comenzaron los problemas.
Los afectados aseguran que mientras trabajaron en la finca que supuestamente les habían contratado les cobraron el alojamiento y los transportes al campo. También tenían que abonar 25 euros por persona en el caso de que necesitaran cualquier tipo de desplazamiento adicional desde su lugar de pernocta (una infravivienda de solo tres habitaciones para todo el grupo) para realizar compras o cualquier tipo de gestión. Una vez recogida la fruta los intermediarios desaparecieron sin dejar señal, dejándolos sin alojamiento ni el sueldo que debían recibir.
El caso sigue una dinámica que se repite desde el año pasado, con falsos intermediarios que se aprovechan de la necesidad de trabajo de los migrantes que se desplazan a las zonas frutícolas. Todos ellos operan sin sede física ni los avales requeridos, ofreciendo contratos que nunca llegan a formalizarse y fijando tarifas por debajo del coste legal. Esta práctica supone una clara competencia desleal para las empresas de trabajo temporal reguladas, ya que estos falsos operadores no depositan las garantías económicas obligatorias para responder por los sueldos ni por las cotizaciones a la Seguridad Social.
Como consecuencia directa de este entramado, los trabajadores temporeros quedan en una situación de absoluta indefensión, acumulando jornadas en el campo que finalmente terminan sin cobrar. Este problema impacta de forma especialmente dura en los trabajadores migrantes en situación de vulnerabilidad, quienes se ven expuestos a una desprotección total al no disponer de vías efectivas para reclamar sus salarios frente a redes que desaparecen sin dejar rastro.
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