Nolasco (Vox) cambia los requisitos para trabajar en los centros de menores no acompañados en Aragón

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha vuelto a encender la polémica con la última orden de su departamento en la que abre la puerta a que profesionales no especializados en la Educación Social trabajen en los centros de atención a los menores migrantes no acompañados en Aragón que se encuentran bajo la protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Según reza la orden del departamento, "se ha puesto de manifiesto la dificultad para cubrir alguno de los puestos que exigen disponibilidad en turnos para la adecuada atención de las personas residentes y el correcto funcionamiento del centro las veinticuatro horas del día". Así, al tratarse de un servicio "que exige atención continuada y no puede ser objeto de interrupción, teniendo en cuenta el perfil especialmente vulnerable de la población atendida, esto es, menores sujtos a medidas de protección", se ve necesario "garantizar la cobertura de todos los puestos de atención directa a los menores". De momento, la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia no ha concretado cuántos puestos de trabajo hay vacantes en los centros de protección de menores en Aragón.

Para cumplir el objetivo de cubrir estas plazas, el vicepresidente hace uso de la prerrogativa que le concede la ley para modificar las condiciones de esos puestos de trabajo.

En concreto, la orden firmada el pasado 27 de julio establece que la entidad concertada, "de forma excepcional y transitoria, "podrá contratar personal que no disponga de la titulación específicamente exigida para la categoría profesional correspondiente, que concurra una situación acreditada de difícil cobertura del puesto, que la persona contratada esté en posesión de una titulación universitaria oficial en Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Maestro o Maestra en Educación Infantil o Maestro o Maestra en Educación Primaria, y que resulte adecuada para el desempeño de las funciones propias del puesto siempre que acredite una experiencia profesional equivalente en el ámbito social".

Asimismo, añade, "en ningún caso podrán considerarse equivalentes titulaciones universitarias distintas de las expresamente señaladas en el presente apartado".

Las entidades deberán justificar la falta de personal específico

Además, la orden de Nolasco especifica que la entidad deberá declarar el puesto de "difícil cobertura" y "acreditar la inexistencia de personas candidatas que reúnan la titulación específicamente exigida mediante la aportación de la documentación justificativa acreditativa del agotamiento del correspondiente proceso de selección a través del INAEM sin haber podido cubrir el puesto de trabajo".

De momento, la consejería de Bienestar Social y Familia no ha concretado hasta qué punto faltan profesionales, ni cuántos son los puestos actualmente sin cubrir ni en qué centros. Ante las críticas recibidas por parte del sector de la Educación Social, fuentes del departamento que dirige Nolasco sí que han insistido en que "sólo se recurrirá a esas otras titulaciones universitarias una vez que el correspondiente proceso de selección a través del INAEM haya concluido sin haber podido cubrir el puesto de trabajo". Es decir, una vez que se agoten todas las vías y no se haya cubierto el puesto, será el momento en que se recurra a otras titulaciones universitarias "siempre que acrediten una experiencia profesional equivalente en el ámbito social", aseguran.

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han rechazado de forma rotunda una medida que consideran que fomenta el "intrusismo" en el sector y que empeora la calidad de las atenciones que se pueden prestar a los menores migrantes no acompañados atendidos en los centros del Gobierno de Aragón.

Pero desde la consejería inciden en que "lo que degradaría la atención socioeducativa a los menores sería la no cobertura del puesto". "Porque estamos hablando de un servicio esencial que exige atención continuada y no puede ser objeto de interrupción. En consecuencia, lo responsable es garantizar dicha atención continuada y esa es la motivación de las actuaciones de la consejería", han zanjado.

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