Los sindicatos denuncian la orden de Nolasco para trabajar en los centros de menores: "Abre la puerta al intrusismo"

"Abre la puerta de par en par al intrusismo profesional". La oposición de los sindicatos CGT, UGT y CCOO es total a la orden del vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco (Vox), que permite de forma excepcional que otros profesionales entren a trabajar en los centros de atención a los menores migrantes no acompañados dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

A través de un comunicado conjunto, CGT, UGT y CCOO rechazan de forma rotunda y unánime la orden por la que se interpreta "unilateralmente la cláusula de elementos personales de los acuerdos de acción concertada para la atención de personas menores de edad migrantes no acompañadas bajo protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales". Esto es, la orden que cambia los requisitos para poder contratar a profesionales de otros ámbitos como trabajadores de estos centros.

Los sindicatos recuerdan que la orden del vicepresidente permite, "de forma excepcional y transitoria, que las entidades concertadas contraten personal sin la titulación específicamente exigida de Educador/a Social", admitiendo que puedan optar a esos puestos de trabajo profesionales con títulos universitarios de Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio (Infantil o Primaria), "siempre que acrediten experiencia equivalente y declaren el puesto de difícil cobertura” tras un proceso en el INAEM".

Los sindicatos denuncian que esta medida, lejos de resolver un problema real de cobertura, "abre la puerta de par en par al intrusismo profesional". Aseguran que la medida "degrada la calidad de la atención socioeducativa a menores especialmente vulnerables y prioriza el interés de las empresas adjudicatarias sobre la profesionalización y la seguridad de los jóvenes tutelados".

Desde CGT, Héctor García subraya que la Educación Social "necesita ser reforzada con unas condiciones laborales que respalden la dedicación y la profesionalidad que exige, no maltratarla" y lamenta que, para el vicepresidente Nolasco, "a partir de ahora la labor de Educador Social podrá ejércela cualquiera".

Para Angélica Mazo, de UGT, la orden es "una vergüenza". "Mientras los educadores sociales trabajan con ratios insostenibles, turnos de noche y de día con el mínimo personal y salarios de miseria, el consejero permite que las empresas cubran nuestros puestos con otras titulaciones", denuncia. "Esto no es una solución excepcional: es la normalización del intrusismo profesional. No vamos a tolerar que se utilice la 'difícil cobertura' como excusa para precarizar aún más un sector ya al límite", alerta.

Por eso, ha reivindicado "plantillas suficientes de educadores sociales y un convenio autonómico digno". Asimismo, ha considerado que esta medida "solo beneficia a las empresas que buscan abaratar costes".

Por último, Jesús Esteban (CCOO) ha considerado que la orden "supone un retroceso histórico en el reconocimiento de los profesionales de la Educación Social". "Permitir el acceso de otras categorías a funciones propias de Educadores Sociales es abrir la puerta a la desprofesionalización y a la merma de la calidad del servicio", ha insistido.

Y ha añadido que "los menores merecen profesionales formados específicamente en Educación Social". Por eso, ha reclamado la "retirada inmediata" de la orden y ha solicitado el refuerzo real de las plantillas "con más educadores sociales y el cumplimiento de la normativa que protege la profesión y a la infancia".

Por todo lo anterior, los tres sindicatos anuncian que estudiarán las vías legales.

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