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Bienestar Social

Gema López, educadora social en Aragón: "Trabajamos desde el vínculo, que es lo que se necesita en un centro de menores"

La presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Aragón critica el cambio de criterios impulsado por el vicepresidente Nolasco para contratar trabajadores en los centros de menores de la comunidad autónoma

Imagen de archivo de una de las protestas de los trabajadores de los centros de menores en Zaragoza.

Imagen de archivo de una de las protestas de los trabajadores de los centros de menores en Zaragoza. / El Periódico

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Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El cambio de criterios para contratar profesionales en los centros de menores de Aragón ha soliviantado a toda una profesión, la de los educadores sociales, que defienden su formación "específica y adecuada" para atender a los menores que residen en estos recursos dependientes del Gobierno de Aragón.

La decisión del vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Alejandro Nolasco (Vox), de ampliar la posibilidad de trabajar en estos centros a otros profesionales está motivada precisamente en la falta de trabajadores y en la necesidad de cubrir la atención en estos centros "de forma ininterrumpida las 24 horas del día". Pero la explicación no convence a los educadores sociales, que critican el "intrusismo" de la medida y denuncian la merma que supondrá para la prestación del servicio.

La orden de Nolasco abre la puerta a que trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y maestros de Educación Infantil y Primaria "que acrediten una experiencia profesional equivalente en el ámbito social" puedan ser contratados por las entidades que gestionan los centros de menores. Una decisión que es un error para los educadores sociales, la profesión que habitualmente se encarga de esta tarea.

"Nuestra profesión, como su propio nombre indica, se define por una vertiente educativa y otra social, que es lo que se necesita para atender a los menores en los centros de protección", explica Gema López, presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Aragón. "La parte pedagógica es muy importante, además de la social, y la formación específica que tenemos va especialmente encaminada a la gestión de los problemas que tienen estos colectivos vulnerables", explica.

Esta combinación de dos factores "marca la diferencia" con otras profesiones que también están vinculadas al ámbito social y que, para los educadores sociales, son perfiles "muy importantes" y que formarían parte de un trabajo "multidisciplinar" muy interesante para la trayectoria de los menores. Pero considera que estos perfiles "no deberían sustituir a los educadores sociales".

Un grupo de menores migrantes tutelados en un centro del Gobierno de Aragón.

Un grupo de menores migrantes tutelados en un centro del Gobierno de Aragón. / Gobierno de Aragón

"Tenemos formación específica para trabajar desde el vínculo, con acompañamiento pedagógico, y esa combinación pedagógica y social solo está en Educación Social y es lo que necesitan los centros", recalca López.

Además de presidir el colegio profesional, López trabaja en un centro de autonomía de menores con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años y recuerda que en los servicios de protección "solo hay educadores sociales y, si hubiera otros perfiles profesionales, harían otras funciones distintas". El cambio en la normativa abre la puerta a que esto cambie.

Protesta de los trabajadores del sector de protección de menores en Aragón en una imagen de archivo.

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores del sector de protección de menores en Aragón. / El Periódico de Aragón

"Estamos bajo mínimos"

El cambio de los requisitos impulsado por Nolasco llega después de meses de protestas por parte de los profesionales de los centros de menores, que han alertado de la falta de recursos, de la falta de medios humanos y materiales y de las precarias condiciones en las que prestan su trabajo. "Trabajamos bajo mínimos. Sería estupendo que hubiera más perfiles profesionales distintos en los centros, pero estamos en contra de que se sustituyan los mínimos empleos de educadores sociales que hay por otros perfiles diferentes", recalca.

López reconoce que las plantillas están tensionadas, aunque desde la consejería no dan cifras de cuántos profesionales faltan. "Cada vez que alguien está de baja, se coge un asunto propio... Es alguien de la misma plantilla quien tiene que cubrirle y es muy difícil encontrar trabajadores", afirma. Y recalca que las condiciones de trabajo hacen que muchos profesionales se vayan a comunidades limítrofes a trabajar de lo mismo, pero en una mejor situación: "Aquí hay peores salarios y peores condiciones que en Valencia, el País Vasco o Cataluña. Así que la gente se acaba yendo", lamenta López.

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