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Consumo

¿Cuáles son las reclamaciones que más llegan a la Junta Arbitral de Consumo de Aragón?

La normativa marca que deben responder a las peticiones "en un plazo de 90 días"

Una audiencia de la Junta Arbitral de Consumo celebrada esta semana, en Zaragoza.

Una audiencia de la Junta Arbitral de Consumo celebrada esta semana, en Zaragoza. / Gobierno de Aragón

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Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

La Junta Arbitral de Consumo recibe un 35% de peticiones vinculadas con servicios relacionados con la electricidad y el autoconsumo eléctrico, convirtiéndose en dos de los asuntos que más conflicto generan entre los consumidores aragoneses. Según las cifras concretas, en lo que va de año en Aragón, de las 490 solicitudes presentadas, el mayor porcentaje, un 33,47%, corresponde, a los servicios de interés general, electricidad (105), gas (59), con un total de 164 solicitudes de arbitraje.

Le siguen las reclamaciones por conflictos con compañías telefónicas, que ha sido el segundo más demandado (con 118 solicitudes). Otros sectores que generan reclamaciones significativas ante la Junta son el servicio de los transportes por ferrocarril (19), el de reparaciones de vehículos de motor con 13 solicitudes de arbitraje y el servicio de correos con 9 solicitudes.

La presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, Sagrario Salas, explica que incide en estos datos el hecho de que hay compañías y empresas que no están adheridas a sus servicios, por lo que no se puede abordar una solución mediada entre consumidor y empresa. Por ejemplo, escapan a estas reclamaciones las relacionadas con compañías aéreas o fraudes vinculados al sector inmobiliario en internet, ya que estas grandes multinacionales no forman parte de este programa de arbitraje que es voluntario tanto como para las empresas como para los consumidores.

Varios jóvenes miran sus teléfonos móviles.

Varios jóvenes miran sus teléfonos móviles. / E.D L.P.

La adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de grandes compañías de telefonía, internet y empresas comercializadoras de gas y electricidad hace que ésta sea la vía más utilizada para la resolución de reclamaciones, una vez que el usuario afectado ha acudido a los servicios de atención al cliente de la propia compañía y ésta no le dado respuesta o no ha sido satisfactoria la contestación.

Hay que recordar que los servicios de atención al cliente, que toda empresa debe disponer, tienen la obligación de dar respuesta a las demandas de sus clientes en el plazo máximo de un mes, que pasará a 15 días hábiles a finales de este año.

Resolución en 90 días

En el caso de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, su presidenta recuerda que la normativa marca que deben responder a las peticiones "en un plazo de 90 días, y así se cumple a rajatabla". En apenas tres meses y sin tener que abonar ninguna cuantía porque se trata de un servicio gratuito, la mediación arbitral aragonesa puede dar respuesta a conflictos de muy distinta índole.

Así, en los servicios de interés general, las temáticas más frecuentes que se solventan en la Junta Arbitral de Consumo son electricidad y gas con reclamaciones sobre disconformidad en lecturas, tarifa de luz y mercado liberalizado, contratos y cambios de compañía sin consentimiento del usuario, irregularidades en servicios adicionales, modificación unilateral del contrato, falta de facturación, entre otras.

Le siguen las relacionadas con telecomunicaciones: dificultades para darse de baja de los servicios, altas no solicitadas, dificultades para la portabilidad con altas no solicitadas de línea fija sin conservación de la numeración, cobro por app no gratuitas, juegos, pagos a través del operador, no facilitar una copia del contrato o incumplimiento de la promoción comprometida sin aportación de la grabación.

Además, Salas reconoce la implicación fundamental de otros organismos y entidades para la resolución de conflictos, como la Cámara de Zaragoza o las federaciones de sectores como el de las reparaciones vehículos, que aportan también su conocimiento en este sistema de mediación que busca resolver conflictos sin recurrir a la vía judicial.

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