100 días de Gobierno en Aragón a ritmo de Vox

No puede decirse que el Gobierno del Partido Popular y Vox en Aragón haya tenido cien días de cortesía. Pero hoy se cumplen esas cien jornadas desde que ambos partidos formaran, por segunda vez en la historia de la comunidad, un Ejecutivo aragonés de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Agotando casi hasta el máximo los plazos que marca la ley para la conformación del Gobierno y tras unas negociaciones de las que nada se supo hasta que se cerró el acuerdo, la nueva versión del pacto PP-Vox llegó a Aragón con el doble de extrema derecha (tras cosechar el doble de votos), la invención de una consejería de "desregulación" y la introducción en la política aragonesa de la «prioridad nacional» como un nuevo concepto prioritario, valga la redundancia.

En estos primeros cien días, diluidos en pleno periodo vacacional, Vox ha ido marcando el ritmo de las declaraciones (como ya acostumbró en su primera etapa) y ha imprimido un giro a las políticas del Gobierno autonómico. Mientras, el PP se ha topado con el frenazo de los tribunales a su medida estrella, la concertación del Bachillerato, y se ha sumado al lenguaje de la extrema derecha en la gestión de la atención a los menores migrantes y la inmigración.

Un repaso cronológico a estos cien primeros días de Gobierno refleja los sucesivos choques entre los socios de la coalición, que empezaron tan pronto como quince días después de posar juntos en los jardines del Pignatelli. Después, las discrepancias han llegado con sordina. Porque aunque de puertas adentro algunas propuestas de Vox enervan al más tranquilo de los populares, de puertas afuera el choque no se está evidenciando. Ni siquiera por parte de los consejeros que recibieron más ataques por parte de Vox en la recta final de la pasada legislatura se han oído críticas a las ideas más polémicas de sus ahora compañeros de Consejo de Gobierno.

La política de la inmigración y la gestión de los menores migrantes está claramente definida por Vox. El pacto incluyó la «prioridad nacional», que unos y otros definen de manera distinta. Pero más allá de ese concepto abstracto que pese a su nombre intentan vincular en el PP más con el arraigo que con la nacionalidad, el Gobierno de Aragón ha seguido haciendo causa política de la gestión migratoria.

Han seguido poniéndose enfrente del Gobierno de España en cualquier medida que tenga que ver con la situación de los inmigrantes en el país. Desde la judicialización de la regularización extraordinaria de inmigrantes (que el Supremo descartó llevar a Europa, como pedía el Gobierno de Aragón) hasta los cambios que se han imprimido en la gestión de los centros de menores y de menores migrantes, en los que ha pasado a comunicarse públicamente los altercados; se ha optado por eliminar las retribuciones semanales en aquellos «más conflictivos», casualmente, los que atienden a menores migrantes; y se ha abierto la posibilidad a que trabajen en ellos profesionales que no sean educadores sociales, como marcaba la normativa hasta ahora.

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Además, Nolasco decidió cortar la financiación a la cátedra de Cooperación que mantenía desde hacía años el Ejecutivo aragonés con la Universidad de Zaragoza.

Todo ello ha ocurrido sin provocar aspavientos en el seno del PP. Tan solo hubo un pequeño incendio cuando el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox) pidió presencia policial en los centros de menores y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y la vicepresidenta, Mar Vaquero, rechazaron de plano la medida. Con el asidero de que cualquier propuesta debe cumplir la legalidad –solo eso–, se despachan cuestiones que quizá requerirían algún análisis ético más profundo.

La educación sin concierto

El próximo curso escolar empezará sin la concertación del Bachillerato que tanto desea el Partido Popular, que la anunció y prometió estando en funciones, en plena transición entre una y otra legislatura. Los tribunales aceptaron la suspensión cautelar solicitada por la escuela pública, representada por asociaciones de padres, sindicatos y partidos políticos de izquierdas. Y en estos cien días de ‘cortesía’ sigue sin haber quedado resuelto el problema de las actividades extraescolares en los centros educativos, después de que el caso Ítaca provocara un aluvión de suspensiones de actividades fuera de los centros ante la "falta de seguridad jurídica" que denuncian los docentes. Será una de las cuestiones prioritarias que deberá abordar la consejera Carmen Susín cuando comiencen las clases.

También deberá resolverse en este nuevo curso otra de las polémicas con sello de Vox, la suspensión del programa de reparto de fruta en los comedores escolares. La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Aránzazu Simón, lo decidió unilateralmente a pocas semanas de que acabara el curso.

Sin huelga en Sanidad

El Gobierno de Azcón puede presumir, en estos primeros cien días, de haber sellado el acuerdo con las organizaciones sindicales médicas para frenar la huelga que mantenían los facultativos. Al nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, le costó menos de una semana cerrar un pacto que conviniera a todos. Es uno de los tantos que se ha marcado el Ejecutivo aragonés que, sin embargo, no puede presumir de haber resuelto el problema que cada verano acecha a la sanidad pública aragonesa, por la falta de medios y las plazas sin cubrir en el medio rural.

El Departamento de Sanidad también atajó pronto las dudas sobre si desaparecería la cita previa en el Salud, después de que el vicepresidente Nolasco anunciara la medida en general, sin consultarlo con el PP y dando por hecho que esa propuesta estrella se trasladaría en poco tiempo a todo el Gobierno de Aragón.

La eliminación de la cita previa, ese nuevo caballo de batalla de Vox desde todas las vicepresidencias que ostenta, se quedará de momento en los límites de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, sin afectar a «servicios masivos» como los sanitarios o la declaración de la renta. Otro ejemplo de cómo algunas propuestas de Vox, que no aparecen en el pacto del Gobierno de Aragón, hicieron más ruido fuera que dentro y el PP cortó los dimes y diretes desde la raíz.

En estos cien días, PP y Vox han tenido que ensayar también su coordinación en el verano más nefasto para el fuego que se recuerda. Aquí la cooperación con el Gobierno de España y con otras comunidades autónomas ha funcionado como un reloj suizo, dando primero importancia a lo importante.

A la vuelta de la esquina llega septiembre y, con él, el inicio de un nuevo curso político que acabará en elecciones municipales. Para entonces, quién sabe si PP y Vox seguirán en su tónica de no agresión, si la coalición habrá saltado por los aires, y si los populares sumarán a sus siglas las del PAR después del polémico fichaje de su presidente, Alberto Izquierdo, como asesor de Azcón, otra de las polémicas que más polvareda ha levantado en estos cien días. Un nuevo ciclo político se abre tras la legislatura nacida del primer adelanto electoral en Aragón.

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